El Tribunal de Cuentas exige a Mas 5 millones de euros
Solicita una fianza ante una posible condena por la consulta del 9 de octubre
El Tribunal de Cuentas citó para el próximo 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat Artur Mas dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros. Según informaron a Europa Press fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago de una fianza para garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca.
En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresidente catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Educación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes y cuentas de los investigados en esta causa. Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal citó para el mismo día y con el mismo fin a otros siete exaltos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N. Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira. Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.
En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de diversos ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para los voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros). Las asociaciones acusaron a Artur Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular del 9 de noviembre, “por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas”.