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El juez sitúa a Zapatero al frente de una presunta trama de tráfico de influencias para lograr beneficios económicos
19-05-2026 / 10:30
Señala que el expresidente y sus hijas habrían recibido casi 2 millones y le achaca la orden de crear empresas “off-shore”
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’ considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”. Así consta en el auto en el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio y del que ha dado cuenta este martes el propio tribunal. Calama indica que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. Esa supuesta trama tendría como finalidad, indica, “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.
Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. A su entender, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, en lo que incluye el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidenciaría que la supuesta red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente. Según el juez, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero, y que habrían operado de manera simultánea, pero la del expresidente habría adquirido un “papel predominante” y permitido a la aerolínea lograr sus objetivos, considera. Y señala que la supuesta trama estaría sustentada en los contactos de Zapatero y en la misma habría tenido un papel destacado en distintos niveles el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista y también imputado. Esto sería, según indica, como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. Así, indica que el expresidente habría impartido instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria y cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez. Esta empresa, añade, suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, esto es, 530.000 euros. Asimismo, indica que la proximidad temporal entre dicho contrato y el inicio de gestiones para constituir una de las empresas “off-shore” —siete días de diferencia, según el juez—, así como la ausencia de pagos en España indica, a su juicio, que la sociedad podría haberse creado para canalizar ese cobro. Y expone que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan. También indica que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifra los fondos recibidos por el “entorno” del expresidente en 1.948.857 euros.
Del mismo modo, el juez remarca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente cuando dos de los investigados participaron en un intercambio de mensajes sobre la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva. Más concretamente, se refiere a que la transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. Por otro lado, el juez indica que la actividad de los investigados también se extendió a influir en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra. Esta línea presenta por sí misma, según Calama, los elementos característicos del delito, en tanto que se compone de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz. No obstante, señala que tanto esta línea de influencia como la dirigida a obtener la ayuda española deben considerarse un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos activos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica.
El contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero no fue casual, señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, insiste. El instructor señala que concurren los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido. Todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo, indica. Y por otro lado, para el juez consta indiciariamente acreditada la existencia de una estructura societaria y financiera internacional presuntamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional. Unos hechos que, a juicio del magistrado, encaja con el blanqueo de capitales, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final. Por tanto, afirma, la trama objeto de investigación no solo estaría llevando a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también de otras que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
