El juez Llarena ordena la detención de Anna Gabriel
El Gobierno de Suiza rechaza la extradición de la exdiputada de la CUP
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ante su incomparecencia al interrogatorio al que fue citada sin alegar causa legítima que se lo impida. Asimismo, el Gobierno suizo rechaza activar la orden internacional que había solicitado la Fiscalía y será detenida si regresa a España, por lo que puede circular libremente fuera de l país, según precisaron fuentes jurídicas. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó que se dictara auto de prisión contra la exdiputada y, una vez acordada, se procediera a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención preventiva, a los efectos de cursar la posterior extradición.
También pidió orden de detención la acusación popular en la causa del “procés’”, ejercida por Vox, tras constatar que Gabriel plantaba al juez y evitaba ser interrogada por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el “procés” que culminó con la declaración de independencia.
En su auto, de apenas dos páginas, Llarena explica su decisión en virtud del articulo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que este tipo de comparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención. Contra el auto cabe recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días. Por otro lado, en el escrito del Ministerio público, firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se constata que la dirigente de la CUP no ha ofrecido una “causa justificada” para no acudir hoy al Supremo, y también recuerda que “es la segunda vez” que no atiende al requerimiento judicial.
A fin de “impedir que continúe en situación de fuga”, solicitaba que se decrete la medida de prisión provisional para que después se pueda proceder a su reclamación ante las autoridades suizas. La defensa de Gabriel comunicó por escrito que la exdiputada no acudiría a declarar y su intención de permanecer en Suiza, país al que llegó hace varios días, a entender que en la causa investigada “no existe derecho a un juicio justo”.
Por su parte, la defensa de Gabriel considera que los derechos fundamentales de la exdiputada se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento”.