El Gobierno avala el decreto de Torra para confinar Lleida

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó que los servicios jurídicos del Estado aún tienen que valorar el decreto de la Generalitat de Cataluña para imponer el confinamiento de la ciudad de Lleida y otras zonas de la provincia para contener la propagación de la covid-19, pero que aparentemente no invade competencias del Gobierno central.

“Sin perjuicio del análisis que hagan los servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto invada competencias”, declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en relación con ese decreto. Illa subrayó que ahora lo importante es actuar contra el brote de contagio y que todo lo que desvíe de esta cuestión desenfoca. “Eso le corresponde hacerlo en primer lugar a la Generalitat y ahí está el Gobierno para echar una mano en todo lo que se nos pida”, añadió.

El ministro hizo hincapié en que el clima de colaboración y la relación entre ambos gobiernos “es muy fluida” ante la situación de crisis sanitaria en la comarca del Segriá. Asimismo, defendió que “hay que ser respetuosos con todas las resoluciones judiciales”, en alusión a la decisión de la juez que acordó no ratificar el confinamiento anunciado por la Generalitat. En su auto de lunes, la juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida dice que ve desproporcionada la resolución del Ejecutivo catalán y añade que su objetivo es “eludir la aplicación del estado de alarma parcial”, recordando que declararlo es competencia del Gobierno central.

El ministro de Sanidad no se pronunció sobre el auto judicial y sobre si da la razón o no al Gobierno en que la única forma de confinar a la población para contener el contagio del virus era que el Ejecutivo central, con el aval del Congreso, imponga el estado de alarma. Simplemente insistió en que las actuaciones para controlar los brotes se tienen que adoptar con respeto a las resoluciones judiciales y que la aplicación de las medidas previstas en el decreto de la Generalitat “tendrá que ser sometida a control judicial”.

DETECCIÓN PRECOZ. Illa presentó un plan de respuesta temprana del Ministerio, que luego podrá incorporar aportaciones de las comunidades autónomas, con medidas para controlar cada brote que surja según sus características. Tal y como detalló, el papel principal corresponde a los gobiernos autonómicos, pero también se prevén actuaciones coordinadas que deben ser aprobadas en el Sistema Nacional de Salud —de obligado cumplimiento para los territorios concernidos— y el tercer escalón sería el estado de alarma: “Lo que hay que hacer es tener sistemas desplegados que permitan detectar precozmente un brote”.