Castellví salió “frustrado” de la reunión con Puigdemont
El Comisario afirma que avisaron de una posible “escalada de violencia”
Los mandos de los Mossos d’Esquadra advirtieron al expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn de la posibilidad de que se produjera una “escalada de violencia” el día del referéndum independentista del 1 de octubre, y se quejaron de que desde la Generalitat se estaba mandando un “mensaje de tranquilidad” que no “atendía a la realidad”.
Así lo reveló el que fuera jefe de inteligencia de los Mossos durante el 1-O, el comisario Manel Castellví, en su comparecencia como testigo en la décimo tercera sesión del juicio por el proceso independentista en Cataluña que se celebra en el Tribunal Supremo, donde aseguró que en esa reunión con los dirigentes del Govern los mandos aconsejaron no celebrar la votación, pero que Puigdemont y Junqueras les transmitieron que seguirían adelante. “Salí frustrado”, afirmó.
El comisario explicó que las advertencias por parte de los mandos se hicieron en una reunión celebrada el 28 de septiembre en el palacio de Pedralbes, en la que estaban presentes, por parte del Govern, Puigdemont, Junqueras y Forn, y por parte de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, y los comisarios Ferrán López y Joan Carles Molinero, aparte del propio Castellví. Según indicó, fue Trapero el que solicitó esa reunión.
El que fuera jefe de inteligencia de la Policía autonómica durante el 1-O, que se mostró titubeante y muy poco claro en su declaración en el Supremo, reconoció tras un intenso interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza que el objeto de ese encuentro era ilustrar los diferentes escenarios de cara a la jornada de referéndum, y que existía una “grave preocupación” en el ámbito de seguridad ciudadana y orden público. Según Castellví, esta “preocupación” se basaba en que aunque los llamamientos que hacían las entidades soberanistas y por redes sociales para participar en el referéndum eran “pacíficos”, la actitud de los que se concentraran en los locales de votación se podía tornar violenta ante la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Podía haber momentos de tensión que terminaran en una escalada de violencia”.
El jefe de Información de los Mossos durante el referéndum del 1-O, Manel Castellví, reconoció en el juicio por el procés independentista en el Tribunal Supremo que los binomios de la policía catalana tenían la orden de “dialogar” y “mediar” con los que estaban concentrados en los centros de votación y que no se utilizó la unidad de “antidisturbios” de la Brimo (Brigada Mòvil).
La Generalitat de Cataluña empleó al menos 162.000 euros en crear una aplicación para la inscripción de los voluntarios que serían necesarios para desarrollar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que siguió adelante pese a la suspensión ordenada en septiembre por el Tribunal Constitucional. Con ella captaron 47.500 voluntarios para celebrar el referéndum ilegal de independencia y después destruyeron los formularios para eliminar pruebas, según un informe de la Guardia Civil. En concreto, el Instituto Armado llega a esta conclusión, ya incorporada al sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización de la consulta, tras analizar la documentación y los dispositivos intervenidos a David Palanqués, uno de los responsables del área de Tecnologías de la Información destacado en el Departamento de Trabajo de la Generalitat.
El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote, confirmó el relato de sus superiores al señalar que en la mañana de la jornada del referéndum tuvieron que poner en marcha “el plan b” que habían previsto ante la falta de actuación de los Mossos d’Escuadra, consistente en sustituir a la fuerza policial autonómica.
A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado Trapote llegó a calificar de “utopía” que dos o tres mossos por colegio fueran suficientes para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de evitar las votaciones y requisar el material, mientras que a preguntas del abogado Javier Ortega Smith, que ejerce la acusación popular en representación de Vox ha resumido: “Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a la seguridad ciudadana”.