Cambios en la agenda legislativa
El coronavirus trastocó los planes del Gobierno, que ya había anunciado Calvo
La pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas alteraron la agenda de prioridades del Gobierno y con ella también su calendario legislativo, que se está sometiendo a revisión, según informan fuentes del Ejecutivo central.
A principios del febrero pasado, Sánchez programó una jornada de convivencia del entonces inédito Gobierno de coalición que había sellado con Unidas Podemos en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo). Además de propiciar que los miembros de su gabinete se conociesen más, la reunión sirvió para comenzar a preparar la agenda legislativa más próxima.
Semanas después, el Consejo de Ministros analizaba el calendario legislativo de 2020. Como avanzó en rueda de prensa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el Ejecutivo pretendía llevar al Parlamento para su aprobación hasta 92 leyes, entre ellas una controvertida reforma del Código Penal que incluía la revisión del delito de sedición de la que se podrían beneficiar los presos independentistas catalanes. Ese calendario perfilado por Calvo no llegó a aprobarse formalmente por el Consejo de Ministros y, por tanto, no se hizo público, pendiente de pasar por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
La irrupción de la pandemia provocó que el Ejecutivo no pudiese cumplir los plazos previstos en la Ley del Gobierno, que marca el 30 de abril como fecha límite para que el Ministerio de la Presidencia eleve al Consejo de Ministros para su aprobación el Plan Anual Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que se vayan a presentar para su aprobación en el año siguiente.
Este plan, que deberá aprobar en algún momento el Consejo de Ministros, pondrá negro sobre blanco las iniciativas legislativas que se dispone a llevar a cabo el Gobierno con carácter prioritario y que, debido a la pandemia, ahora debe replantearse. La prioridad hoy por hoy es la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyas negociaciones con los diferentes grupos pueden afectar también a los proyectos legislativos de la coalición. Los pactos a los que se llegue en la Comisión para la Recontrucción del Congreso también influirán a la hora de identificar aquellas políticas prioritarias en las que habrá que concentrar los recursos presupuestarios.
Está por ver si en este contexto se postergan o no iniciativas identificadas en su día por el Gobierno de Pedro Sánchez como prioritarias, entre ellas la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana bajo el amparo de la cual se han sancionado las infracciones durante el estado de alarma u otras de carácter más social como la esperada ley para el colectivo LGTBI.
Más allá de que Calvo situara en febrero la reforma del Código Penal en este 2020, tampoco hay noticias de que el Gobierno haya avanzado en estos trabajos, con la excepción de la modificación puntual que introducirá la nueva Ley de Libertad Sexual —en fase de elaboración del anteproyecto— para castigar comportamientos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. En el Ministerio de Justicia sí contemplan plazos en cambio para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esperan poder presentar este otoño próximo, para que pudiese ser aprobada en las Cortes en 2021.
Tampoco se esperan grandes avances con respecto a la reforma laboral, habitual punto de fricción entre los dos socios de la coalición, que interpretan de modo diferente el compromiso sellado en su acuerdo programático. Unidas Podemos sostiene que el pacto se refiere a una derogación íntegra.