Anticorrupción pide que Corinna sea interrogada

La Fiscalía Anticorrupción interrogará a la ex amiga del Rey emérito Juan Carlos I, Corinna Zu Sayn Wittgenstein en Londres, a mediados de septiembre, como testigo en relación a las comisiones de hasta 80 millones de euros que presuntamente mediaron en la adjudicación a una UTE española de la construcción del AVE a la Meca, en Arabia Saudí, según avanzaron fuentes jurídicas. La cita es consecuencia de la petición elevada por el Ministerio Público a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica, para tomar declaración a Sayn Wittgenstein en el marco de las diligencias de investigación incoadas a raíz de la publicación de unos audios en los que la amiga del rey afirmaba que en la adjudicación de esa macro infraestructura en 2011 se habían pagado y repartido mordidas.

Precisamente, cuando el pasado mes de julio trascendió que Anticorrupción llevaba meses esperando respuesta de la SFO para proceder a la toma de declaración, el equipo de abogados de la otrora princesa, que reside en Londres, emitió un comunicado en el que desmarcaba a su clienta de la adjudicación del AVE a la Meca e incidía en su voluntad de cooperar en cualquier asunto con la justicia española. El caso se remonta a julio de 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la propia Sayn Wittgenstein.

Ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el “pastel”. La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el “caso Villarejo” que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre del año pasado se archivaron las actuaciones respecto de Don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban “extremadamente débiles” y, por otro, en aquella época era inviolable. El juez no obstante dio traslado a Fiscalía Anticorrupción para investigar puramente la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato, como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con “otros documentos hallados” durante la instrucción judicial. En respuesta, el Ministerio abrió diligencias secretas de investigación en 2018 por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.