Zarrías, Ávila y Aguayo ratifican sus declaraciones por los ERE

Los exconsejeros de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila comparecieron en calidad de investigados ante el juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos y ratificaron las declaraciones que prestaron en abril de 2015 ante Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respectivamente, tras lo que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Los tres exconsejeros comparecieron ante el juez Álvaro Martín en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos y ratificaron las declaraciones cuando eran aforados.

La primera en comparecer ante el magistrado fue Carmen Martínez Aguayo, quien ratificó la declaración que prestó el día 8 de abril de 2015 ante el TSJA, cuando aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante estos informes. El abogado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, planteó como cuestión previa que el juez no permitiera que quedara constancia en el acta de su declaración de las preguntas que las partes pretendieran dirigirle, alegando que ello forma parte de su derecho de defensa, algo a lo que se adherió el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. De su lado, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a dicha cuestión previa alegando que el derecho de defensa no engloba que no se pueda dejar constancia de las preguntas, argumentando que podría haber hechos nuevos o preguntas nuevas que formular que en su momento no se hicieron, tras lo que el juez decidió permitir que se deje constancia de las cuestiones al entender que esta posibilidad no está prohibida.

Seguidamente, el Ministerio Público planteó a la exconsejera hasta tres preguntas. La primera fue sobre si tuvo constancia de los informes de seguimiento de Control Financiero Permanente de la Intervención General que se remitían a la Consejería de Economía y Hacienda. En segundo lugar, los fiscales preguntaron a Martínez Aguayo si tuvo conocimiento de los informes ejecutivos de la Intervención General que se mandaban a los miembros del Consejo Rector de Idea sobre el uso que se daba a las transferencias de financiación. Por último, le cuestionaron sobre si conocía, por su asistencia a las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, de que no se trataron las ayudas a Pickman y A Novo Comlink vinculadas a la partida 31L.

A continuación, compareció el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila, a quien la Fiscalía planteó las dos mismas primeras preguntas que a Martínez Aguayo, y añadió sobre si, “dada su participación activa” en el Consejo Rector de Idea, tuvo conocimiento de que en noviembre de 2003 se aprobó una ayuda a Sandetel pese a que el secretario advirtió de que había un informe contrario de la Intervención a esa ayuda, y si esa situación se repitió.

Finalmente, compareció el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, a quien la Fiscalía preguntó sobre una carta obrante en el expediente de Primayor que envió un representante del Comité de Empresa al ex- director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre el cobro de nóminas. El Ministerio Público le cuestionó sobre si habló con el presidente del Comité de Empresa, Manuel López, o con el entonces consejero de Empleo, tal y como expone la carta, para que se arreglara este asunto, pues en la carta se mencionaría que Zarrías habría dado orden de que se arreglara.