Una juez cita al director del SAE y al antecesor

Una juez de Sevilla cita a declarar el próximo 25 de febrero, en calidad de investigado, al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, después de la denuncia presentada por una decena de exasesores del SAE en relación con la no readmisión de los trabajadores en los supuestos en los que se declaró nulo su despido. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó en un comunicado de que la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores Canales, también citó a declarar al exdirector del SAE entre junio de 2012 y julio de 2015 y actual director general de la agencia IDEA, Antonio González Marín.

La juez instructora citó a ambos para tomarles declaración dentro de la investigación judicial realizada por un presunto delito de prevaricación. En un auto fechado el 7 de octubre de 2015, al que tuvo acceso Europa Press, la juez decía que los hechos expuestos en la denuncia “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que acordó abrir una investigación en el marco de la que reclamó al SAE “el expediente completo que obre en la Consejería en relación con la ejecución de las sentencias de orientadores laborales que formularon reclamación contra sus ceses”.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el abogado Enrique Iván Escalera Reina explica que los denunciantes fueron seleccionados mediante un concurso de méritos por el SAE para prestar servicios laborales para dicho organismo público con categoría laboral de asesor de empleo/programa Memta.

De este modo, los denunciantes forman parte del colectivo de asesores de empleo del SAE, formado por 413 personas contratadas el 6 de octubre de 2008 como orientadores laborales, desarrollándose dichas contrataciones laborales mediante un contrato de obra o servicio determinado que fue objeto de varias prórrogas, hasta que el SAE les comunicó la extinción de la relación laboral el 31 de diciembre de 2013.

El letrado, que precisa que se indicó como causa del cese “la falta de partida presupuestaria para mantener dichas contrataciones”, asevera además que, desde el inicio de la relación laboral mantenida entre ambas partes, el SAE incurre en manifiesto y flagrante “fraude de ley”, ya que, además, los denunciantes desempeñaban tareas permanentes y continuas, sin autonomía, ni sustantividad propia, no concretándose tampoco en ninguno de los contratos de trabajo suscritos cuál es la causa, motivo u objeto de la contratación temporal pretendida, lo que genera “situación de indefensión”.