Sin efecto la imputación de Zarrías por las sobrecomisiones

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha rectificado y dejado sin efecto la imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la pieza separada de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones. En un auto fechado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla “rectifica” el auto del miércoles, en el que abrió la pieza separada de las sobrecomisiones contra Zarrías y otras 15 personas y deja sin efecto “la vinculación” del exconsejero con esta pieza en concreto. La juez recuerda que el artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “después de proclamar el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite, sin embargo, en el apartado 3, rectificar errores materiales manifiestos o aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo”.

“En el presente caso, el error ahora advertido es manifiesto, como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación”, reconoce la instructora. Tras la rectificación de la juez, el auto afecta a 15 personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellas el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el “conseguidor” de los ERE Juan Lanzas. Con relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga “hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta y, luego, su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito”.

A su juicio, “las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital —no solo en ayudas sociolaborales, sino encubriendo otras directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)— de importes de primas pagados por la Junta”. La juez asevera que estos últimos pagos de importes de primas serían “muy al parecer superiores al precio de mercado”, puesto que “era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta”.

La juez incluye en esta pieza “como penalmente responsables” al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín. Serán investigados también Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza, exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e “intruso” en el ERE de 2007 de Mercasevilla, entre otros.