Se abrirá la vía civil en los ERE cuando la sentencia sea firme

La Junta de Andalucía dio las instrucciones para reclamar por la vía civil el dinero dentro del caso de los ERE tras conocerse la sentencia, y, también tiene intención, una vez que ésta sea firme, de reclamar el reintegro del coste de las defensas de los exaltos cargos condenados. Asimismo, El Gobierno andaluz pagará, de aquí a 2025, un total de 37 millones de euros en las pólizas de los trabajadores prejubilados “de buena fe” que cumplieron con todos los requisitos legales, a los que trasladó el mensaje de que no tienen por qué preocuparse por su situación. Así lo señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. Tras recordar que en la sentencia de la pieza política del caso de los ERE se condenó a 19 acusados por delito continuado de prevaricación y a diez por malversación de caudales públicos que alcanzaría casi los 680 millones, Marín reconoció la dificultad de recuperar este dinero.

El vicepresidente de la Junta reprochó que el gobierno de la socialista Susana Díaz “ya se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutarán las fianzas” y de ahí que sea “muy difícil recuperar el dinero”. “Si hubiera actuado pensando en el interés de los andaluces todos los exaltos cargos tendrían sus bienes embargados y parte del dinero se podría recuperar”, explicó Marín, quien señaló que el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz “por decisión política”, aunque hubiera un informe del gabinete jurídico de la Junta, decidió en el año 2016 que la Junta se retirara como acusación e incluso llegó a pedir el archivo de la causa.

Expuso que tras esa decisión de retirarse como acusación, se cierra la puerta a que el procedimiento pudiera seguir por la vía penal, de manera que hay que abrir un nuevo procedimiento por la vía civil, algo que no será posible hasta que no haya sentencia firme, algo que dependerá del tiempo que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de los condenados. Asimismo, Marín explicó que cuando la Junta se retira como acusación, ya no se puede pedir a los encausados que depositen la fianza, al tiempo que la administración asume el coste de los servicios de abogados externos de sus exaltos cargos, algo que el actual Gobierno andaluz va a reclamar que se devuelva en su momento.