Más rechazo a la sentencia

La víctima de “La Manada” también recurrirá la sentencia que condenó a nueve años de prisión a cinco jóvenes por un delito de abuso sexual en los Sanfermines de 2016. “La hemos convencido para que recurriese”, afirmó el abogado Carlos Bacaicoa, que representa a la joven junto al abogado Miguel Ángel Morán. “Tal y como se ha puesto la calle se vería muy raro que no recurriésemos la sentencia”, explicó Bacaicoa en declaraciones al programa de televisión “La Nit a 8tv”. El abogado no ve necesario un cambio del Código Penal y considera que la sentencia responde a “una interpretación de los jueces”.

Por su parte, la Fiscalía anunció su decisión de recurrir en apelación por “infracción de ley” ante la Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) la sentencia que condena a los cinco integrantes de ‘La Manada’.

El Ministerio Fiscal, que presentará su recurso contra la sentencia en los próximos días, mantiene su consideración inicial de que “los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no sólo de abuso sexual”.

Por su parte, la Asociación de Fiscales señaló que las resoluciones judiciales, “aunque no se compartan”, merecen “todo el respeto”, ya que constituyen un “pilar fundamental” del Estado de Derecho y de la Democracia. Así lo manifestó la asociación a través de un comunicado, tras la sentencia de “La Manada”, en la que la Audiencia de Navarra condena a los cinco jóvenes a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, pero les absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados. En este sentido, apuntó que las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración “en conciencia” de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados. La organización destacó que esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano. Por ello, recordó que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones.