Marín destaca la colaboración público-privada para impulsar proyectos esenciales
La Consejería de Justicia apuesta por esta fórmula para desarrollar las ciudades de Justicia de Sevilla y Jaén
El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado hoy la colaboración público-privada como “la herramienta clave” para afrontar e impulsar proyectos para servicios públicos esenciales, “que benefician a los ciudadanos”.
Así lo ha explicado hoy en comisión parlamentaria, donde ha detallado que esta será la fórmula para desarrollar “dos grandes proyectos” como son las ciudades de la Justicia de Sevilla y Jaén. “Están incluidos en un primer paquete, pero tenemos 25 proyectos más susceptibles de desarrollarse con esta fórmula”.
En este sentido, en ambos casos “se dan las circunstancias propicias, pues son proyectos de ciudad y están consensuados con los alcaldes. No ocurre lo mismo con otra ciudades, en las que no tenemos ni cedido el suelo y, por tanto, es imposible que desarrollemos el proyecto”.
“Esta fórmula es la necesaria y pido la colaboración de todos los grupos, que sé que la apoyan, porque seguimos esperando a que el Gobierno central modifique la Ley de Contratos del Sector Público, para impulsar este tipo de actuaciones de colaboración público-privada”. En este sentido, ha indicado que “ya se ha remitido en dos ocasiones carta a la ministra María Jesús Montero, proponiendo este cambio normativo”.
De esta forma, sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla, Marín ha recordado que en el pasado Consejo de Gobierno se aprobó la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos, “con la finalidad de promover la agilización de todas las actuaciones y procedimientos necesarios para su efectiva implantación. Ya tiene un project manager para impulsar toda la tramitación”.
En el caso de Jaén, también se va a llevar a esta Unidad y así se va a aprobar en Consejo de Gobierno la próxima semana, tras lo que también se le asignará un project manager.
La fórmula en la que se trabaja es como la de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, es decir, “la Administración cede un derecho de superficie a un tercero vencedor de la licitación, durante un periodo determinado, a cambio de que la empresa redacte el proyecto de ejecución, construya el edificio, nos lo arriende y realice la explotación”.
La explotación pasa por el mantenimiento integral del mismo, la limpieza, la gestión del archivo judicial, así como la gestión de la cafetería, las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y las placas fotovoltaicas del edificio y las inversiones de sustitución que permitan mantener y entregar el bien inmueble en condiciones óptimas.
El agente privado recibe a cambio una cuota en concepto de alquiler o pago por disponibilidad. “Y una vez vencido el Derecho de Superficie, la titularidad y los bienes revierten a la Administración sin coste añadido”, ha asegurado.
Todo ello, se concreta en un único expediente de contratación cuyo “fin es la constitución de un derecho de superficie para la construcción de un edificio de uso judicial, así como su explotación mediante arrendamiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Marín ha destacado, por último, que “con este tipo de contrato se persigue obtener los beneficios de la colaboración con el sector privado en un contexto de limitaciones financieras en el capítulo de inversiones del presupuesto de las Administraciones Públicas, ante la situación actual en la que nos encontramos”.