Los sindicatos consideran decepcionantes los Presupuestos de 2024 y los empresarios valoran el apoyo a la actividad

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han tachado de “decepcionante” el presupuesto presentado por la Junta de Andalucía para el año 2024, al “no resolver” los problemas de la ciudadanía andaluza “ni reforzar” los servicios públicos. Desde UGT, el secretario de Institucional de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Rafael Gelo, durante su comparecencia en el Parlamento en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos relativa al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, ha manifestado que los presupuestos “no cumplen las expectativas de la ciudadanía andaluza”. “Andalucía debe contar con unos presupuestos para el próximo año basados en la equidad, la solidaridad y la justicia social, y estas cuentas no van por ese camino si realmente queremos converger con las regiones más prósperas de España y de Europa”, ha expuesto. De igual forma, Gelo ha subrayado que ante la ralentización de la economía y los efectos negativos de la inflación, el Gobierno andaluz “debe dirigir estas cuentas a sortear sus consecuencias a través de unos presupuestos que trasladen seguridad y tranquilidad a las familias y a los trabajadores”, continuando con “el estímulo de las ayudas complementarias en el tramo autonómico para luchar contra la elevada inflación”, ha dicho. En cuanto a las cifras del presupuesto, la organización sindical considera que el aumento en un 2,5% en su dotación resulta “insuficiente” de cara a atenuar los efectos de los recortes del Estado del Bienestar tras las sucesivas crisis sufridas.

Aunque de los 46.753 millones de euros del Presupuesto para 2024, el 30,4% se destinan a la Consejería de Salud, “continuamos estando a la cola de gasto por habitante, a pesar de haber aumentado un 3% con respecto al año pasado”. “Y tampoco sirve de nada los 8.866 millones para Educación, con una subida del 4,1%, si nuestros índices de abandono escolar siguen siendo los más altos no ya de España, sino de Europa”, ha añadido. Por todo ello, el líder sindical ha resaltado que la “prioridad” del presupuesto debe ser el fomento del empleo, en especial, el empleo juvenil y la inserción de colectivos vulnerables, junto con un nuevo impulso al trabajo autónomo.

Por su parte, Nuria Martínez Barco, secretaria de Comunicación e Institucional de CCOO de Andalucía, ha destacado que el presupuesto es “totalmente regresivo” y, desde luego, “no el que necesita en estos momentos Andalucía”, ya que “consolida una rebaja fiscal a los más ricos de 900 millones de euros, que abrirá un agujero en los servicios públicos y que, la bajada en los ingresos que se realiza hoy serán los recortes y la precariedad en los servicios públicos de mañana”. De hecho, ha continuado Martínez, “tenemos muchos ejemplos de la deriva del Gobierno andaluz y que en los últimos días se ha concretado”, por ejemplo, en la decisión de deshacerse de las residencias de tiempo libre, en las cuales “no ha ocurrido otra cosa que dejarlas morir a través de esa insuficiencia de inversión y de respaldo presupuestario”, ha criticado. Asimismo, la líder sindical ha lamentado que en el presupuesto “se realizan recortes en materias sensibles socialmente, sin ningún tipo de justificación”, y constatan la “poca apuesta e insensibilidad del Gobierno andaluz con las necesidades reales de la población andaluza”, ha resaltado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, ha calificado también las cuentas andaluzas de “decepcionantes” porque, a su juicio, “no refuerzan los servicios públicos, ni cumplen con los compromisos pendientes con los empleados públicos andaluces”. Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para valorar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024, en la que ha considerado que las cuentas andaluzas “no servirán ni para tener mejores servicios públicos sanitarios, educativos o sociales, ni tampoco para que los trabajadores y trabajadoras que los sustentan, lo hagan en mejores condiciones laborales”. El dirigente sindical ha explicado que las ayudas de acción social permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, y ha subrayado que “adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual, al que no son ajenos las empleadas y los empleados públicos andaluces”. En este sentido, ha lamentado que las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio, un año más, no contemplen consignación alguna para recuperar estas ayudas, que dejaron de ofrecerse hace más de una década, ni tampoco para la restitución de la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, con lo que “el actual Ejecutivo sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público”.

La CEA apoya los Presupuestos

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que preside Javier González de Lara valora los presupuestos de la comunidad autónoma para 2024, dado que dotan de un escenario de certidumbre a la inversión empresarial y se incrementan los programas económicos que más inciden en la actividad empresarial como los referentes a Turismo, Innovación, Digitalización, Industria, Fomento, que en su conjunto se incrementan en un 18%. Asimismo, explica en una nota de prensa la CEA, las inversiones en materia de Agua se van a reforzar en 2024 con más de 500 millones de euros, lo cual tendrá un efecto positivo para reducir el déficit hídrico estructural que padecemos en Andalucía. Igualmente, los empresarios andaluces valoran de forma positiva el mantenimiento de una política fiscal que facilita la actividad económica y que contribuye a incrementar el consumo, dotando a familias y empresas de una mayor capacidad de gasto. Dicha política fiscal, además, coincide con una menor previsión de endeudamiento público, lo cual indica la capacidad de converger de ambas circunstancias.

Para la CEA, este escenario presupuestario debe completarse con las medidas organizativas necesarias para impulsar la actividad económica. Entre estas, las acordadas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito por el Gobierno andaluz, los sindicatos mayoritarios y CEA en marzo. Dentro de las medidas que contempla este gran acuerdo en el marco del diálogo social, destacan las relativas a la simplificación y agilización normativa, cuyo decreto ley debiera aprobarse a la mayor brevedad. Asimismo, y para su plena ejecución, se requiere un fortalecimiento de las medidas consensuadas en materia de participación institucional.

Dado que los presupuestos están muy vinculados a políticas de carácter social, como Educación, Salud o Dependencia, CEA confía en que se impulse el esfuerzo de colaboración público-privada, que no sólo ha de mantenerse, sino incrementarse como garantía del mantenimiento de esos servicios públicos y su extensión al conjunto de la sociedad. Para los empresarios andaluces es imprescindible continuar con el impulso presupuestario en dos ámbitos estratégicos: las inversiones en Infraestructuras, --en particular, las ligadas a políticas hidráulicas y a la finalización de los ejes ferroviarios--; e inversiones relativas a Formación, dada la alta demanda de mano de obra para los distintos sectores de actividad. En este sentido y a lo largo de los próximos meses, se ha de afrontar el desarrollo en Andalucía de la nueva normativa nacional en la materia, con importante incidencia en la actividad empresarial presente y futura.

La CEA considera que la política presupuestaria en Andalucía está altamente condicionada por el modelo de Financiación Autonómica vigente que, como es evidente, perjudica de forma ostensible a la Comunidad y, por tanto, a sus empresas. En este sentido, es una iniciativa positiva la petición al Gobierno de España para que se habilite un fondo de compensación transitorio, que contribuya a paliar este desequilibrio, en tanto en cuanto se inicie la negociación del nuevo modelo de Financiación. También valora positivamente la certeza y la estabilidad que supone dotarnos de unos Presupuestos que permiten garantizar la prestación de los servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía, incrementar la inversión y mejorar los programas de apoyo a la actividad empresarial.

Asaja valora las cuentas para el campo

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Andalucía, que preside Ricardo Sierra, ha valorado la “apuesta inversora” que refleja el presupuesto de la Consejería de Agricultura para 2024, con un montante de 2.682,5 millones de euros, excluyendo Pesca y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). En una nota de prensa, la Asociación ha explicado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía contempla un incremento real para las políticas agrarias y medioambientales de 353 millones de euros, es decir un 15,15 % más que el ejercicio prorrogado de 2.023 donde alcanzó los 2.329,5 millones de euros. Por tanto, entre las dos consejerías suman 1.894,43 millones de euros en inversión, un 16% más que en el ejercicio anterior. “Se trata sin duda de una buena noticia para el sector agrario”, tal como ha puesto este lunes de manifiesto en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía el director general de Asaja-Andalucía, Félix García de Leyaristy, quien tras analizar la estructura del gasto ha valorado especialmente que las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Agua, Pesca y Desarrollo Rural y la de Medioambiente y Desarrollo Sostenible vayan a gestionar un 32% del total inversor de la Junta de Andalucía, es decir, “casi uno de cada tres” euros que prevé invertir la Junta estará a cargo de estos dos departamentos.

Ante la situación de incertidumbre total provocada por la covid-19, la invasión de Ucrania y la consecuente crisis energética que han provocado escasez mundial de alimentos, la mayor sequía de los últimos 40 años y unas tasa de crecimiento de la inflación desconocidas en la UE en las últimas décadas, Asaja-Andalucía valora que la Junta de Andalucía, por segundo año consecutivo, dote a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con una cifra de inversión de 1.391,9 millones de euros (el 24% del total), siendo la que concentra el importe más elevado para inversiones en el Presupuesto 2024. Esta Consejería, además, eleva su capacidad inversora en 132,2 millones de euros, un 10,5% más que en el ejercicio anterior.Además, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul va a contar con una capacidad inversora superior a los 500 millones de euros, concretamente 507,3 millones de euros, el 8,7% del total, tras elevar su presupuesto un 27,7% (casi 110 millones más).

Las partidas más importantes, según señala Asaja, desde el punto de vista cuantitativo son: modernización de explotaciones agrarias (66,5 millones de euros), ayudas a creación de empresas por jóvenes agricultores (160 millones de euros) lo que permitirá incorporar a 1.100 jóvenes, seguros agrarios (16,6 millones de euros, casi cuatro más que en 2023, mejora de caminos rurales (82,4 millones de euros) que permitirán actuar sobre más de 1.000 kilómetros de caminos. También, destaca la Asociación, el apoyo a la industria agroalimentaria (114 millones de euros), modernización de regadíos (53,3 millones de euros); y políticas de agua, una partida fundamental para el campo andaluz que en 2024 alcanzará los 578 millones de euros y permitirá afrontar obras y proyectos de depuración, mejora de presas y restauración y adecuación ambiental de cauces, plan de aguas regeneradas. Dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, las principales medidas para el campo andaluz son las destinadas a actuaciones en el medio natural, y especialmente aquellas que tienen una relación directa con los agricultores, los ganaderos, los silvicultores y los gestores del monte como son las destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales, que cuentan con 201 millones de euros y las actuaciones ambientales en el medio natural, con 36 millones de euros.