Las ayudas parecían legales para Soler
Apunta que existía un ambiente “quejoso” en la agencia IDEA
El consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y febrero de 2010, Martín Soler, aseguró que la apariencia de legalidad de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a trabajadores y a empresas en crisis era “total”, añadiendo que “nadie” le puso encima de la mesa advertencias al respecto.
Así lo declaró como testigo el que fuera también consejero de Agricultura en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. En virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, el ente instrumental abonaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General y que se allegaba al instituto y después a IDEA a través de transferencias de financiación. Martín Soler, que estuvo como investigado en este procedimiento pero fue excluido finalmente por el juez instructor, insistió durante su interrogatorio que la apariencia de legalidad de las ayudas de Empleo abonadas por IDEA, adscrita a Innovación desde 2004, era “tan aparente y total” que era “imposible” que alguien pudiera pensar que había alguna ilegalidad.
En su época, según añadió el exconsejero, todo lo que rodeaba a la gestión de IDEA con las ayudas de Empleo era “de apariencia legal”. “Nadie me puso encima de la mesa advertencias” al respecto, afirmó. Además, precisó que en los once meses en los que estuvo al frente de la Consejería “nadie dijo nada al respecto”.