La pieza política de la formación se archivará

La juez María Núñez Bolaños archivará la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas. Fuentes judiciales informaron de que la magistrada dictará en los próximos meses un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

En su día, la juez Mercedes Alaya —ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla— aseguró en distintos autos que desde la Consejería de Empleo se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político”, una idea que decae con el futuro archivo de la pieza política de la causa.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén archivó la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, en un auto en que asevera que resulta “manifiestamente absurdo”, salvo que se aleguen y no se prueben, “finalidades espúreas” por los responsables de la Administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral.

La juez María Núñez archivará esta pieza de la causa de los cursos de formación, decisión que con toda probabilidad contaría con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, después de haber tomado declaración al exinterventor general de la Junta Adolfo García Fernández y a los interventores en siete provincias andaluzas —todos a excepción de la de Sevilla, que no ha comparecido por razón de enfermedad—.

En sus comparecencias como testigos, los interventores de la Junta de Andalucía coincidieron en señalar que tan solo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.

El martes de la pasada semana, de hecho, el exinterventor general de la Junta, Adolfo García Fernández, compareció ante la magistrada y aseguró no haber observado ningún “menoscabo” económico en ninguno de los expedientes analizados, añadiendo que la función de la Intervención “no es detectar que exista un delito” y que “la mayor preocupación es que se debería revisar los expedientes para que no prescribiera”. El exinterventor general, que como licenciado en Derecho aseguró tener facultades para valorar “si los hechos son lícitos o no”, puso de manifiesto que, a su juicio, “hay una dilación” y que eso puede conllevar un riesgo, “no que exista”. También precisó que su trabajo es “detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento”, tras lo que dejó claro: “Nunca esto ha supuesto un procedimiento penal”.

De este modo, y según el acta de su declaración, el exinterventor general señaló que trabaja desde el año 1985 y es la primera vez “que ocurre esto”. Cabe recordar que, en la pieza del SAE de los cursos de formación, la juez María Núñez investiga a 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que también está imputado en la pieza del entramado empresarial vinculado al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda y que recientemente fue uno de los procesados en el caso de los ERE fraudulentos.