La nueva Ley de Suelo introduce la colaboración público-privada entre ayuntamientos y entidades

Destaca de la nueva norma que la propia Inspección autonómica paralizará “las obras de las viviendas irregulares desde el momento en que se detecta”

30 nov 2022 / 10:00 H.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Reglamento general que desarolla la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que introduce la colaboración público-privada entre los ayuntamientos y entidades como los Colegios Profesionales para que puedan colaborar con los municipios en la redacción de su planeamiento y en la aprobación de licencias a través de las denominadas Entidades Urbanísticas Certificadoras. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha explicado esta nueva norma tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde ha remarcado que su contribución de esta figura será para “ayudar a ser más ágiles” a la Administración Local y “prestarles colaboración”. Esta fórmula de participación privada en un acto administrativo municipal la ha defendido la consejera “siempre pensando en favorecer la agilidad de los ayuntamientos para que puedan aprobar licencias”.

También incorpora el Reglamento de la Lista la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano. El Reglamento de la actual Ley del Suelo de Andalucía contempla en ese sentido la creación del Registro de las Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía. En el ámbito urbanístico el Reglamento prevé para estas entidades tareas, según figuraba en el último borrador antes de su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía, consultado por Europa Press, como “la verificación de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación técnica correspondiente a los actos sometidos a licencia o declaración responsable”. Así como “la acreditación del cumplimiento de la legislación territorial y urbanística de los proyectos”, y “la verificación de las obras ejecutadas conforme a la licencia otorgada o a la declaración responsable presentada”, y la colaboración en actuaciones de control la verificación de los informes de inspección técnica de las construcciones y edificaciones.

La consejera de Fomento ha explicado que el Reglamento entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), un hecho que ha considerado “cuestión de horas”. Sobre la pretensión de la simplificación y agilización de los planes urbanísticos, Carazo ha explicado que el Reglamento de la Lista “establece fórmulas más sencillas para los planes generales de ordenación”, para lo que ha indicado que “vamos a esforzarnos” para que los instrumentos de planificación y ordenación del territorio “estén en un máximo de tres años frente a los 10 años de la anterior legislación”, tarea para lo cual ha asegurado que “la cooperación de la Junta de Andalucía va a ser absoluta”.

La consejera de Fomento ha apuntado sobre, “cómo vamos reduciendo esos procedimientos”, que “lo haremos eliminando determinados pasos”, entre los que ha apuntado la diferenciación entre la ordenación general y la detallada para que “haya plena garantía jurídica” tras esgrimir el dato de “los 500 planes anulados por los tribunales por el camino inseguro de la anterior ley”, entre los que ha citados los casos de los municipios de El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Marbella y Torremolinos (Málaga), el de este último municipio es objeto de recurso en el Tribunal Supremo (TS). Carazo ha hablado de apostar por “un plan general más sencillo, flexible, con una vigencia más larga es a lo que aspiramos”, mientras que la diferenciación de la ordenación detallada la ha hecho para que quede “a salvo de la posible nulidad del Plan de Ordenación en su conjunto”.

“Los ayuntamientos son los verdaderos actores, los protagonistas”, ha considerado la consejera, quien ha apostado por “acompañarles en el camino para facilitarles la aprobación del planeamiento”.

Régimen transitorio para adaptar el planeamiento

Carazo ha explicado que el Reglamento de la Ley del Suelo de Andalucía prevé “un régimen transitorio” de manera que “no obligamos a (los ayuntamientos) a tener que adaptar el planeamiento anterior”, una decisión que ha explicado con el argumento de que “entendemos que no debe paralizar todo, como ocurrió con el anterior”, por lo que ha abogado entonces por “una transición flexible y fácil”, aunque seguidamente ha señalado que “animamos a tomar el nuevo camino” a los municipios en el diseño de su planeamiento.

El Reglamento de la Lista se organiza en 9 títulos. El primero regula el régimen del suelo; el segundo, el régimen de las actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones urbanísticas; el tercero, la Ordenación Territorial y los Planes y actuaciones con incidencia en laordenación del territorio, así como las actuaciones de interés autonómico; el cuarto, la Ordenación urbanística y a los instrumentos previstos y la tramitación del procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.

El quinto contempla la Ejecución Urbanística con la creación y gestión de diversos tipos de entes y la formalización de convenios interadministrativos de colaboración; el título sexto regula las actividades de edificación; el octavo la disciplina territorial y urbanística; el octavo las medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares; y el noveno y último, la regulación del Hábitat troglodítico.

El trabajo de la inspección

Otro aspecto que ha remarcado la consejera de Fomento es la labor de inspección, de la que ha indicado que la propia Inspección autonómica podrá “actuar de forma directa ante las infracciones territoriales” a partir de “un procedimiento más ágil”, por lo que procederá a “paralizar las obras de las viviendas irregulares desde el momento en que se detecta”. En ese sentido ha aportado datos sobre el avance que, a su juicio, ha aportado la Lista en la disciplina urbanística como que en este 2022 se han abierto 343 expedientes por edificaciones irregulares, otros 644 sobre parcelaciones y 125 de restablecimiento de la legalidad en suelo rústico, datos que ha contrastado con los 22 expedientes que se abrieron en 2018.

“Demostramos la eficacia de la nueva norma gracias a la Inspección”, ha sostenido Carazo, quien ha apuntado que el dato de viviendas irregulares en Andalucía es de 300.000, una cifra que ya ofreció en su momento la última Administración socialista, mientras que ha indicado que la Comunidad cuenta con una horquilla de entre 20 y 30 inspectores de urbanismo y que se prepara la convocatoria de cinco nuevas plazas para 2023.

Carazo ha subrayado el aspecto político de la medida para esgrimir que con la Lista y su Reglamento General “se pone de manifiesto la seguridad jurídica y se cierra el círculo para inversores, ayuntamientos, todos quienes quieran un desarrollo equilibrado y sostenible”.

La consejera de Fomento ha remarcado igualmente que “en tiempo record, de quince meses”, el Reglamento que desarrolla la Lista esté redactado un año después de la entrada en vigor de la propia Ley, que lo hizo el 24 de diciembre de 2021.

A este hecho ha sumado Carazo que su departamento también trabaja en la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), otra iniciativa que ha presentado como “un documento territorial para crear oportunidades, dibujar esa Andalucía de forma ordenada, sostenible, de mejor calidad de vida, con más actividad económica, empleo”, dentro de lo que ha descrito como “un punto de inflexión” y “un cambio radical del urbanismo”. Según los datos ofrecidos por la consejera de Fomento, el Reglamento General que desarrolla la Lista ha recibido 105 alegaciones y 1.820 observaciones.

Diario JAÉN
Andalucía