La Junta prevé limitar el servicio de las VTC

El decreto responde a las reivindicaciones del sector del taxi

16 nov 2019 / 11:51 H.
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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se comprometió ayer con representantes del sector del taxi en Andalucía a trasladarles “en el plazo de un mes” una nueva propuesta en torno a la regulación del sector de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), al tiempo que anunció que “aparca su propuesta de establecer estaciones perimetrales” para estos últimos vehículos al no detectar “consenso por ninguna de las partes, ni del taxi ni de las VTC”.

Así informó la Consejería en un comunicado en el que informa de la reunión que mantuvo ayer el viceconsejero de Fomento, Jaime Raynaud, y el director general de Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, con representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), de Élite Costa del Sol, Élite Taxi Sevilla, de la Confederación de la Costa del Sol y de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.

Desde la Consejería señalaron que mantienen “abierto el diálogo con el sector del taxi y las VTC” y ya están poniendo en marcha algunas de las medidas consensuadas; en concreto, “ocho de las diez iniciales”, y en esa línea explican que esta reunión se enmarca en el proceso abierto para consensuar el borrador de propuestas —de más de 500 páginas— que la Consejería que dirige Marifrán Carazo presentó el pasado 2 de abril al sector.

Los representantes de la Consejería trasladó a los taxistas en la reunión que ya está redactado el decreto para regular el precio cerrado y el taxi compartido o pago por plaza, “dos de las reivindicaciones históricas del sector que ningún Gobierno había atendido hasta ahora”, según subrayaron desde Fomento.

Además, se comprometieron a trasladarles en el plazo de un mes una nueva propuesta “para fijar zonas cercanas a centros de gran demanda de servicios de transporte de viajeros, como estaciones o paradas de taxi, donde no podrán estacionar los VTC y a limitar la geolocalización previa a la contratación del servicio”.

Muñoz-Atanet defendió que el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) abordó desde un primer momento los cambios que genera la proliferación de los VTC, si bien mantiene que es el Ejecutivo central, es el que tendría que haber regulado esta situación y no desviar las competencias hacia las autonomías. No obstante, la Consejería “ha asumido su responsabilidad al estudiar la situación, reunirse con las partes afectadas, plantear propuestas y tomar decisiones”, señalaron desde Fomento.

Según defiende la Consejería, “se ha reforzado la labor de inspección”, de forma que, entre 2018 y lo que va de 2019, las denuncias del servicio de inspección de la Consejería aumentaron pasando de 107 a 576 en eventos multitudinarios como las ferias de Málaga y Sevilla.

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