La Junta abrirá un expediente que sancionará a Volkswagen

La Consejería de Salud abrirá expediente para iniciar un procedimiento sancionador a Volkswagen por el supuesto fraude en las emisiones. La organización de consumidores Facua asegura que las denuncias presentadas por ellos llevaron a la Junta de Andalucía a abrir el expediente, puesto que la manipulación del software para falsear los datos sobre los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno afecta a unos once millones de vehículos en el ámbito mundial, de los que cerca de 700.000 fueron vendidos en España, asegura la propia federación.

Se trata de “la primera autoridad de consumo autonómica que inicia expediente sancionador por este fraude masivo”, después de que Facua plantease sus denuncias ante los diecisiete organismos de Consumo de los gobiernos regionales por vulnerar las normativas respectivas. Después de estallar el escándalo, la asociación puso en marcha una plataforma de afectados, de la que forman parte ya más de 40.000 personas, el mayor colectivo de conductores en toda la Unión Europea.

Por su parte, la Dirección General de Consumo de la Junta decide iniciar las actuaciones sancionadoras al recibir cerca de 800 denuncias de las ocho asociaciones provinciales de Facua en Andalucía en representación de sus socios. Así, el organismo comunica a la organización que en relación con las denuncias presentadas por esa asociación, tras las debidas actuaciones acometidas por la Dirección General de Consumo se procede al “inicio de un procedimiento sancionador que incluye los motivos denunciados en su escrito”. En esta línea, Facua también decide acudir a los tribunales con el objetivo de “exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados por este fraude”.

Así, señala varios apartados del artículo 49 de la ley de defensa de los consumidores, entre los que destaca “el incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública”. Por otro lado, Facua también cita como infracciones “el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores” y “la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad” también recogidas en el citado artículo.

En cuanto al resto de autoridades autonómicas de Consumo, siete de ellas archivaron las denuncias de esta asociación, “alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio, lo que les otorga potestad sancionadora”.