La exconsejera Carmen Martínez entra en prisión para cumplir seis años por el caso de los ERE
La Audiencia de Sevilla desestimaba recientemente su recurso de súplica y el de otros condenados pidiendo suspensión de la condena
La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha ingresado ya en un centro penitenciario, voluntariamente, para cumplir la condena de seis años y dos días de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por un delito de malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas. Como ha avanzado el diario ABC y han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa de la exconsejera, Carmen Martínez Aguayo está ya dentro de una cárcel cumpliendo dicha pena privativa de libertad, toda vez que su condena incluye además la pena de 15 años y dos días de inhabilitación absoluta, siempre por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. Recientemente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla desestimaba los recurso de súplica del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; contra el auto de fecha 15 de noviembre, en el que esta instancia judicial denegaba ya las peticiones iniciales de suspensión de las penas de cárcel que pesan sobre ellos. Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel esgrimían principalmente las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de casación contra la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el caso del exdirector de Trabajo Juan Márquez, respecto al cual redujo la pena de cárcel de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño. En ese marco, en el auto objeto de estos recursos de súplica contra la denegación de las peticiones de suspensión de las penas de cárcel de los condenados, la Sección Primera de la Audiencia admitía “la carencia de antecedentes penales de los condenados”, pero por otra parte señalaba “la gravedad y extensión de las penas, lo que impide la suspensión de la ejecución de la pena en todas las formas recogidas en el artículo 80 y siguientes del Código Penal, motivo por el que todos ellos han solicitado la suspensión de la ejecución mientras se tramita el indulto”.
Argumentos de los magistrados
“No concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena por petición de indulto”, resumían los magistrados, que señalaban igualmente, respecto a los incidentes de nulidad planteados ante el Supremo por las defensas, que “en modo alguno la presentación del incidente puede dar lugar a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas en sentencia firme”, pues ello “supondría un quebranto de los preceptos que regulan la suspensión de la ejecución de las penas y el cumplimiento efectivo de las mismas”. En cuanto a Juan Márquez, condenado a tres años de cárcel, la sala argumentaba que “su situación es distinta, siendo la pena inferior en tres y cuatro años a la del resto, lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el TS, son circunstancias a tener en cuenta para que se proceda, por un tiempo prudencial de un año, a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramite el indulto”. En ese sentido, frente a los recursos de súplica de Griñán, Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Miguel Ángel Serrano y Jesús María Rodríguez Román; la Audiencia exponía en su nuevo auto que los mismos “plantean cuestiones ya resueltas en el auto recurrido y no hay dato o circunstancia alguna que permita reformar la resolución dictada”, que “fundamenta suficientemente la denegación de la suspensión” de las penas de prisión. “No en vano, la duración de las sesiones del juicio se prolongaron durante un año, dada la complejidad del asunto, además del tiempo necesario para la redacción de la sentencia”, resaltaban en su nuevo auto los magistrados, concluyendo que “el transcurso del tiempo no es motivo para la concesión de la suspensión solicitada” y ratificando así el auto impugnado.
Valoraciones del Gobierno de la Junta
El Gobierno andaluz se ha pronunciado a través de diferentes voces sobre el ingreso en prisión de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado este jueves en Almería que “el ingreso en prisión de Martínez Aguayo es una decisión judicial que nosotros respetamos, como respetamos todas” para apuntar entonces que “escenifica el fin de una era”, por cuanto ha esgrimido que “Andalucía siempre era protagonista por los casos de corrupción” y que “esa etapa se ha cerrado por fortuna, forma parte del pasado”.
“Hoy Andalucía es protagonista por la creación de empleo, de autónomos, de riqueza, de aporte de bienestar a los andaluces”, ha remachado su argumentación Fernández-Pacheco.
También el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha pronunciado, a preguntas de los medios en una comparecencia informativa en Sevilla, para manifestar que el ingreso en prisión de Martínez Aguayo “no es una noticia alegre para nadie”, por cuanto ha evocado que cuando ella era consejera de Hacienda él era el presidente de la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía “y he tenido buena relación con ella”. Con este antecedente, Nieto ha colegido que “para mí no es una buena noticia en lo personal, pero es una buena noticia en cuanto al funcionamiento de la justicia”, antes de reiterar que “le deseo lo mejor” después de remarcar que “parece que para muchos solo había que una pesona afectada por esa sentencia, también el consejero de Hacienda y luego presidente José Antonio Griñán” y precisar que “hay más personas afectadas, en este caso Carmen Martínez Aguayo, que fue parte de esa sentencia y fue condenada”.
“Desgraciadamente no es buena noticia, va a tener que cumplir una pena, ingresar en prisión”, ha proseguido argumentando Nieto sobre la situación de Martínez Aguayo, y ha defendido que “la justicia funcione bien, que se cumplan las sentencias, es la obligación que tenemos todos, particularmente yo como consejero de Justicia”, antes de sostener “el trabajo que realizan los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores, que se cumpla con normalidad y que hacen cuando son personas anónimas las que tienen que ingresar en prisión, y no con esa trayectoria política que tiene Carmen Martínez Aguayo”. Cuestionado por el informe forense que debe evaluar el estado de salud de Griñán, quien padece un cáncer, y su repercusión para su ingreso en prisión también por una condena de seis años por un delito de malversación, el consejero de Justicia ha apelado a que “la justicia tiene que actuar con lo que las leyes determinan, y si esas leyes determinan que una persona sufre una enfermedad de especiales características, de acuerdo con un informe técnico, del médico forense que acredita que se produce, no tenemos nada que decir”.
Nieto ha señalado sobre la actitud que adopta el Gobierno andaluz antes los pronunciamientos judiciales que “hay sentencias que nos gustan más, otras que nos gustan menos, que van en la dirección de lo que defendemos, que van en la dirección contraria, las respetamos todas”, antes de apelar a que “los jueces tienen que resolver conflictos” y “si uno apela a la justicia para resolver conflictos lo primero tiene que hacer es aceptar la resolución”.
