La Cámara de Cuentas insta a la Junta a aumentar plazas para la dependencia
El informe de fiscalización operativa sobre la gestión de las residencias de mayores en Andalucía insta a reducir también los tiempos de espera
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado el informe de fiscalización operativa sobre la gestión de las residencias de mayores de la Junta de Andalucía, correspondiente al periodo 2021-2023, en el que advierte de la ausencia de un marco estratégico específico para estos centros, la insuficiencia de plazas para atender la demanda y demoras significativas en los procedimientos de reconocimiento de la dependencia y asignación de plaza.
El informe, aprobado en el pleno del órgano fiscalizador el pasado 15 de mayo, concluye que la gestión de las residencias de mayores no ha contado con indicadores adecuados de eficacia, eficiencia y economía, lo que dificulta la planificación y evaluación de resultados, como detalla la Cámara. Así, en los centros propios de la Junta la ocupación media se situó en torno al 67% en 2023, con varios centros por debajo del 50% debido a obras y reorganizaciones internas, mientras que en las residencias concertadas la ocupación alcanzó el 98%, pero sigue sin cubrir la demanda existente.
A 31 de diciembre de 2023, la lista de espera para acceder a una plaza residencial ascendía a 4.198 personas con propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), cifra que se eleva a más de 18.000 si se consideran todas las personas con dependencia reconocida pendientes de asignación de recurso.
El porcentaje de plazas libres sobre la lista de espera se sitúa en el 25,9% en sentido estricto y en solo el 6% si se toma como referencia la demanda potencial. El estudio detecta además “importantes retrasos” en los trámites administrativos: el 80% de los expedientes analizados superan el plazo máximo legal de tres meses para la resolución del grado de dependencia, con una media real de casi diez meses.
Asimismo, la resolución del PIA se demora más de seis meses de media, y en algunos casos se han identificado expedientes con demoras superiores a cinco años, motivadas principalmente por la falta de plazas y escasez de personal en las delegaciones territoriales. En cuanto a la dotación de personal, la ratio media en los centros propios es de 1,33 profesionales por residente, aunque la información sobre los centros concertados es insuficiente para realizar un análisis comparativo. El gasto anual por plaza en centros propios ascendió a 44.019 euros en 2023, mientras que en los centros concertados gestionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) fue de 12.980 euros para plazas de personas mayores dependientes.
El informe recomienda, entre otras medidas, incrementar el número de plazas tanto en centros propios como concertados, mejorar los sistemas de información, reducir los tiempos de tramitación y reforzar los indicadores de gestión para garantizar la eficacia, eficiencia y economía en la atención residencial a mayores en situación de dependencia.
