Fiscalía pide el ingreso en prisión de cuatro altos cargos
Guerrero y Fernández llevan dentro desde el comienzo del juicio, hace ocho años
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla pidió que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE.
Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla a penas de siete años y 11 meses de prisión, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez tienen penas de cárcel de siete años y un día. La Fiscalía pidió el ingreso en prisión de estos cuatro ex altos cargos, mientras que para los otros condenados a prisión como el expresidente de la Junta Juan Antonio Griñán; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo; el exvice- consejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá no lo ha hecho.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitó a la Sala la comparecencia de prisión del 505 LECrim respecto a estos cuatro condenados de los cuales dos de ellos, Guerrero y Fernández, ya entraron en la cárcel desde que comenzó la instrucción del caso de los ERE hace ocho años. El primero estuvo desde marzo a octubre de 2012 y desde marzo a junio de 2013 y Fernández desde abril a agosto de 2012.
La Audiencia de Sevilla condenó a Francisco Javier Guerrero por el delito continuado de prevaricación teniendo en cuenta el elevado número de ejercicios presupuestarios que abarca su periodo en el cargo, así como el elevado número de convenios particulares que firmó y de ayudas que concedió, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, y el déficit que originó agravado por los pagos cruzados.
Por el delito de malversación lo condena por el elevado número de ayudas que concedió “disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados y el déficit que originó”.
A Antonio Fernández el tribunal lo condena por prevaricación por “el papel relevante” que desempeñó tanto en la Consejería, como en el Consejo Rector del IFA, en relación con las ayudas y los convenios, y por la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 impartiendo directrices al que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero sobre la aplicación del mismo.
Como presidente del IFA, firmó convenios particulares y tomó decisiones importantes para el despliegue de esta red clientelar y de corruptela con el dinero de los andaluces.