El posible fraude en subvenciones del Gobierno autonómico que UGT destinó a formación laboral se eleva a 40 millones

El posible fraude en subvenciones para la formación laboral por parte de UGT Andalucía (UGT-A) mediante presuntas facturas falsas, que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, se eleva a una cifra superior a los 40 millones de euros. En un segundo avance del informe pericial elaborado por el interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad —denominación de entonces— por encargo del juez instructor para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013, se concluye que existe una cifra de 40.554.042,36 euros de gastos “no subvencionables”. El segundo avance aborda 13 de los 32 expedientes de subvenciones objeto de la pericial solicitada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en marzo de 2015. Asimismo, en cuatro expedientes de subvenciones, el perito considera que “no habiendo dispuesto de la documentación suficiente, solo cabe establecer una limitación al alcance absoluta respecto al objeto” de cada expediente.

En el análisis de los mismos, el perito recalca entre sus observaciones generales que si bien el beneficiario de la ayuda era el sindicato, quien tenía la responsabilidad de la ejecución de las acciones formativas era el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Andalucía, entidad vinculada al sindicato.

El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013 para comprobar la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los mismos. En concreto, el posible fraude opera “en la aplicación del dinero de la subvención”.