El impuesto de hipotecas afecta a 300.000 personas

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, estimó en 300.000 afectados y 600 millones el efecto en Andalucía de la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas si se realizara con un carácter retroactivo para cuatro años, toda vez que instó a esperar la sentencia al respecto del Tribunal Supremo. Así, en declaraciones a los periodistas, el consejero señaló que la Administración espera que la sentencia del Supremo “sea clara, que resuelva el conflicto y nos diga cómo actuar” con el objetivo de que la Administración pueda actuar “lo más rápido posible y en defensa de los ciudadanos”. Tras señalar que se trata de una situación que afecta al conjunto del país y no solo a Andalucía y que el Gobierno central ya expresó que pondría “medidas para ayudar a atender esta situación”, Arellano llamó a esperar a ver la literalidad de la sentencia para saber “si se reclama y cómo se reclama” a las entidades bancarias. “Habrá un periodo intermedio en el que la administración soportará la tensión financiera”, advirtió.

Además, destacó que se trataría de un cambio de regulación a nivel estatal, por lo que habrá que ver “las consecuencias también en cuanto a la financiación de las comunidades”, ya que este impuesto está cedido a las comunidades.

Mientras el Tribunal Supremo decide quién se debe hacer cargo del impuesto de hipotecas, el Juzgado de Primera Instancia número 18bis de Málaga, encargado de resolver sobre las reclamaciones de los consumidores frente a los bancos por cláusulas abusivas, dictó una sentencia que da la razón a un comprador de una vivienda y obliga al banco a devolver el impuesto de la hipoteca. Así lo aseguró el despacho que representó al cliente, Ley 57 Abogados, al que se le comunicó esta sentencia el pasado lunes, mismo día en el que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo delibera sobre si confirma o revoca el giro jurisprudencial dado hace unas semanas por una de las secciones de este tribunal, que falló a favor de que sean los bancos los que asuman el pago.