Dudas sobre el déficit público en los territorios

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, reclamó al Ministerio de Hacienda que explique a las comunidades autónomas su margen de déficit público los años 2021 y 2022, ya que “el verdadero impacto económico del covid-19 en las finanzas autonómicas se notará durante los dos próximos años”. Juan Bravo compareció a petición propia en el Parlamento andaluz para exponer el problema que plantea el “horizonte 2021-22” y presentar una “propuesta de solución” ante la postura del Gobierno de España, que mantiene para las comunidades autónomas, hasta el momento, “la misma senda de consolidación —los límites para pedir deuda— que antes de la crisis del coronavirus: un permiso de déficit del -0,2%, para 2020; del 0,1%, en 2021, y equilibrio presupuestario, para 2022”.

Según explicó el consejero: “El Gobierno central mantiene las mismas reglas de una situación en la que crecíamos con moderación a un ritmo del 2%, en un nuevo escenario que supone la mayor crisis conocida en tiempos de paz”. Así, dio una alternativa a este planteamiento proponiendo la herramienta del “déficit inverso”, que supondría que “en 2020 el Estado acapare la mayor parte del déficit, sin apenas compartirlo con las comunidades autónomas, y que, posteriormente, adelante a los gobiernos autonómicos la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2020-21”. También recordó que más de un 60% del gasto autofinanciado del presupuesto de las comunidades autónomas va destinado a sanidad, educación y dependencia, apuntando que estos gastos son muy rígidos porque las necesidades que los originan permanecen fijas a las variaciones del ciclo económico. En cambio, Bravo añadió: “Los recursos para pagar estos gastos son muy elásticos en relación al ciclo económico: suben, cuando a las empresas, autónomos y trabajadores les va bien y caen mucho, cuando a las empresas les va mal”.

Para enfrentar esta situación, el consejero propuso “utilizar el déficit para cubrir con deuda la menor financiación de ese periodo, preservando la sociedad del bienestar, sin subir impuestos, concentrando el déficit en 2021 y volviendo en 2022 al equilibrio presupuestario”. Así, subrayó: “Cubrimos con deuda la caída de ingresos y adelantamos un año la liquidación de 2022, manteniendo la capacidad de gasto en 2021: realizamos el ajuste fiscal en un solo año”. Bravo también se refirió a la inversión en infraestructuras públicas que, afirmó, “se revela como uno de los motores de recuperación, fomentando la colaboración privado-pública y priorizando infraestructuras sostenibles y estratégicas”. Según explicó, para impulsar y desarrollar esta palanca de inversión a través de la colaboración público-privada “es necesario analizar y resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene este sistema en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y terminación de contratos”. Por eso, según reiteró, el Gobierno andaluz propone la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que actualmente “constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante”.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo censuró que el consejero de Economía, en dos meses, haya llegado a anunciar hasta cuatro previsiones del impacto de la crisis del coronavirus sobre la economía andaluza y pidió “más rigor al respecto”. Así, denunció la “inacción” y la “pasividad” del Gobierno autonómico para poner en marcha planes de recuperación económica. “Si queremos que el paro no alcance el 30 por ciento hay que actuar ya”, sentenció Conejo, quien indicó que hay que reestructurar la práctica totalidad del presupuesto de la comunidad de 2020. También pidió al consejero de Hacienda que “no esconda la inacción del Gobierno andaluz” con la confrontación y buscando “agravios inexistentes”.