Condena millonaria por las ayudas de los ERE
Márquez, Rivera y Astilleros de Sevilla devolverán lo recibido
El Tribunal de Cuentas condenó a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a la empresa Astilleros de Sevilla a devolver a la Junta de Andalucía la cantidad de 5,1 millones de euros por las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a esta sociedad en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuyo procedimiento de concesión está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. De esta manera, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en una sentencia con fecha de 25 de abril de 2018, cuya ponente fue Margarita Mariscal de Gante, y a la que tuvo acceso Europa Press, estima la demanda interpuesta en junio de 2016 por la Junta, a la que se adhirió la Fiscalía, contra Astilleros de Sevilla, Márquez, que se declaró en rebeldía en este procedimiento, y Rivera. El tribunal considera probado que la empresa pidió entre febrero y diciembre de 2010, a la Junta, nueve ayudas públicas sociolaborales cuyo importe total fue de 5.199.707,34 euros. En los dos primeros expedientes administrativos de estas ayudas, con fechas de febrero y marzo, hay memorias justificativas de la finalidad pública e interés social y económico, siendo Juan Márquez, como director general, quien concedió estas dos primeras ayudas —856.563,56 euros— para trabajadores de Astilleros, encomendando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al pago de las cantidades fijadas con fondos del programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General, y que allegaba a la Agencia a través de transferencias de financiación. Precisamente, este procedimiento de concesión de ayudas, basado en el convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, e juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla y por el que se encuentran procesados 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como Márquez y Rivera.