Cañamero reocupa Somonte junto al SAT

El diputado electo por Unidos Podemos Diego Cañamero y otros dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) deciden reocupar la finca pública Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, para que se le vuelva a dar uso, y están trabajando en presentar un plan de viabilidad para la explotación agrícola de la finca.

Según el coordinador general del SAT, Óscar Reina, unas 14 personas decidieron reocupar la finca, y apunta que “por el momento no hay peligro de desalojo”, a pesar de que reconoce que están apercibidos por un auto de la juez en el que se investiga al diputado electo Diego Cañamero y a la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García por la ocupación anterior de esta finca. El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) indica que con esa ocupación anterior se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que “pudieran existir indicios” de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. De hecho, el letrado de la Junta, en un escrito del 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de esta finca, que se produjo hace unos días, y “con apercibimiento a los presuntos responsables de que, en caso de no cesar en su conducta, y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad”.

En ese sentido, Óscar Reina reconoce: “Aunque estamos apercibidos y existe el peligro de que nos pueden detener en cualquier momento, nosotros no nos vamos a ir, pues pensamos que hay posibilidad de dar mano de obra cooperativa”. “Seguimos convencidos de que hay que seguir ocupando, es una necesidad ética y vital”, aseguró el dirigente sindical, quien considera que las leyes se deben ajustar a las necesidades de las personas, apuntando que “había leyes injustas, como las del ‘apartheid’, pero gracias a la lucha se consiguieron cambiar”.

También apuntó que “se está trabajando en un proyecto de viabilidad sobre esta finca para proponer el establecimiento de cultivos sociales que puede dar mucha mano de obra a las personas”. Reina precisó que Cañamero ya trabaja en esta iniciativa y valora el “gran adelanto” que supone para la clase trabajadora que “una persona como Diego Cañamero pueda llevar nuestra voz al Congreso”. Reina precisa la intención de seguir ocupando “pues hay que recoger la cosecha sembrada”, toda vez que, según explica: “Hemos conseguido cultivar 400 hectáreas, mientras que cuando entramos hace cuatro años no daba utilidad ninguna ni beneficio alguno”. La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de ponerse a subasta, según recordó el sindicato, que lamenta que la Junta, que disponía en 2010 de unas 20.000 hectáreas de tierra pública, “comenzó a deshacerse de este patrimonio público agrario para malvenderlo a especuladores y terratenientes”. El SAT indica que actualmente “se calcula que solo quedan unas 5.000 hectáreas de tierra pública”, frente a lo que el SAT aboga por que la tierra “cumpla una función social en la creación de empleo y riqueza”.