Aprobado el modelo de financiación de universidades públicas para 2023-2027, a falta de sus reglas de cálculo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2023-2027. El Gobierno andaluz ha defendido que “garantizará la suficiencia financiera del sistema, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, y les dará certidumbre para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo”.

Este marco de financiación, que se aplicará a las diez universidades públicas, incluye como novedad la evaluación y verificación de los resultados de las universidades a partir de los objetivos marcados, para lograr la eficiencia y la equidad del sistema, además de una mayor adecuación a las necesidades y singularidades, según una nota del Gobierno andaluz. Este documento de bases se completará con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo, que determinarán en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las diez universidades.

El Gobierno andaluz ha afirmado que “ya está trabajando en la concreción de estas variables”, así como que su previsión es que “esa formulación pueda estar finalizada en octubre”. La Junta de Andalucía ha esgrimido que, “por primera vez y para asegurar un marco estable”, se ha establecido una cláusula de salvaguarda durante los cinco años de vigencia del modelo para garantizar a las universidades los mismos recursos recibidos que en el ejercicio anterior más el incremento de las retribuciones salariales de su personal. El modelo entrará en vigor a partir de este año, aunque su ejecución será parcial por cuanto “los fondos ya se han asignado en su mayoría”.

Financiación básica por resultados, nivelación y proyectos estratégicos

El nuevo modelo de financiación de las universidades se ordena en cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación por resultados, la financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. Toda esta estructura se nutrirá de las transferencias procedentes del Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio. La primera se destina a cubrir los costes necesarios para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. La financiación por resultados busca homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos y se articulará a través de los denominados contratos programa. Se concertarán anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus particularidades. La financiación de nivelación se orientará a corregir los desfases estructurales por los modelos de financiación anteriores para propiciar la convergencia entre las universidades.

Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y respondan a las demandas de la sociedad. La Consejería de Universidad destinará a este capítulo una inyección de 14 millones de euros hasta final de año. Todos estos criterios se aplicarán con carácter general a las diez instituciones que conforman el sistema público, aunque la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) recibirá un trato diferencial por el hecho de que no imparte titulaciones de grado, no dispone de personal docente e investigador propio y sus enseñanzas e investigaciones se orientan a la cooperación educativa internacional.

Planes extraordinarios de inversión

La Junta de Andalucía ha explicado que, al margen de ese armazón, el modelo contempla la aprobación de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras que se harán con fondos no vinculados al modelo de financiación. Para su dotación, la Junta de Andalucía podrá autorizar a las universidades el uso de remanentes de tesorería no afectados con un límite máximo de 20 millones de euros para todo el conjunto. Estos planes comenzarán a aplicarse a partir de 2024 y su desarrollo se enfocará a intervenciones para mejorar los equipamientos e infraestructuras con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, además de actuaciones de transformación digital y tecnológica. La Junta de Andalucía ha afirmado que “viene trabajando en este diseño desde el inicio de la legislatura en estrecha colaboración con los rectores de las diez instituciones académicas, los Consejos Sociales, el estudiantado y los agentes económicos y sociales”, así como que “todos han podido debatir y realizar aportaciones a la propuesta inicial” del Gobierno andaluz. Este nuevo sistema, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades.

El grueso de la financiación de la que disponen las universidades públicas andaluzas se nutre de las transferencias de la Administración regional, que representan un 75% de sus cuentas.

Ese importe se emplea, sobre todo, a pagar salarios y costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como a sufragar su actividad docente e investigadora. El porcentaje restante equivale a ingresos adicionales derivados de las tasas de matrículas que cobran, inyecciones de la Unión Europea y de otras Administraciones o de transferencias de entidades privadas, herencias, legados y donaciones. También se encuadran en este apartado las aportaciones procedentes de actividades de mecenazgo y de su patrimonio. El nuevo modelo de financiación establece que estas instituciones, en un ejercicio de corresponsabilidad, procurarán incrementar gradualmente estas fuentes propias hasta llegar al menos al 30% de la financiación. En el caso de la UNIA, ese límite se situará en el 15%.