Andalucía deja de recibir 5.522 millones de euros de Hacienda

Montero señala al actual sistema de financiación como la causa principal

20 jul 2017 / 11:19 H.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó ayer que Andalucía dejase de percibir desde 2009 un total de 5.522 millones de euros por la aplicación del actual sistema de financiación, tras conocer la liquidación de 2015, donde tendría que haber recibido 850 millones de euros más en ese año “simplemente para igualar al promedio de las comunidades”.

En su intervención en el Fórum Europa ‘Tribuna de Andalucía’ de Sevilla, la consejera detalló que la posición de Andalucía “volvió a empeorar” y aseguró que recibió 104 euros por persona por debajo de la media de las comunidades. Además, detalló que la comunidad mejor financiada obtuvo 791 euros más por habitante que Andalucía en 2015, lo que “no tiene ninguna justificación”.

Por otra parte, la consejera, que explicó la posición de Andalucía sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas en su conferencia, defendió la creación de un fondo de sostenibilidad que garantice un “mínimo” de prestación de los servicios públicos fundamentales en todo momento a todo el conjunto del territorio nacional.


PROPUESTAS. Según explicó, este fondo se constituiría, a modo de “hucha”, con recursos estatales y autonómicos generados en años de bonanza económica, lo que permitiría atenuar los efectos del ciclo sobre los ingresos públicos.

La consejera aprovechó para esbozar las propuestas que defiende el Gobierno andaluz para garantizar un nuevo sistema que garantice la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad de todos los habitantes entre las comunidades.

Así, la consejera hizo hincapié en la necesidad de definir “qué modelo de sociedad queremos y qué servicios queremos que nos respalden y atiendan”, así como destinar los recursos suficientes para poder “vertebrarlos y blindarlos con seguridad, calidad y respaldo social”.

En este sentido, reclamó una distribución “equilibrada de esfuerzos” y la determinación de “criterios objetivos” para evaluar las necesidades de gasto, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos “vivan donde vivan” tengan acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

Montero recordó que el desarrollo del Estado de las autonomías permitió la consolidación de los principios de igualdad y solidaridad del Estado de bienestar; sin embargo, alertó de que la crisis fue la “coartada” de quienes no creen en este modelo y propugnan resolver el problema territorial con la vuelta a un Estado autonómico asimétrico.

“No son inocentes los ataques hacia el modelo que recoge la Constitución, porque la recentralización supone un vaciado de competencias que a la postre deriva en un ataque a la línea de flotación de los servicios públicos”, subrayó.