Agua que criamos, pero no catamos
La perogrullada es de órdago, pero conviene recordarla para no empezar la casa por el tejado: la abundancia de agua es sinónimo de vida. Y, para amoldarnos a este mundo herido de maniqueísmos en el que agotamos los días, ahí va otra verdad palmaria, consecuencia de la anterior: la carencia del líquido vital nos aboca al dolor de lo infecundo. Como el gato de Schrödinger, ambas realidades conviven hoy en la provincia jiennense al mismo tiempo. Es el culmen de la paradoja, pero hela ahí. Su condición de cabecera de cuenca del Guadalquivir convierte a Jaén en primus inter pares: se trata de la provincia de interior con más costa de España y sus fuentes naturales son envidiables, pero el matriarcado del agua vive hoy tiempos de zozobra que amenazan un horizonte inquietante: el de la sequía. Promesas que no se han convertido en hechos, ninguneos, fotos para la galería, sobreexplotación de acuíferos, tomas ilegales... Diversos factores han ido encrudeciendo el panorama, y no son nuevos precisamente. ¿Qué pasa con el agua en Jaén?
Reservas al límite y regantes sin recursos
La regulación general de la demarcación del Guadalquivir tiene capacidad para almacenar 8.115,355 hectómetros cúbicos de agua. Actualmente, sin embargo, cuenta con 2.316,75, es decir, sólo un 28,5% del total. Son datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Guadalquivir que ponen de manifiesto una realidad incuestionable: la situación de reservas hídricas es preocupante. De hecho, en noviembre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) declaró el estado de sequía extraordinaria. Una de las consecuencias del panorama poco halagüeño es la reducción de la dotación de agua para regadío. Hace unas dos semanas, el máximo organismo de cuenca anunció que, si persiste esta situación, prevé una dotación de 1.000 metros cúbicos por hectárea para la campaña de riego de este año, es decir, un 83% menos que la dotación máxima, que alcanza los 6.000 metros cúbicos por hectárea.
Quienes menos tienen son los que más reciben
Los embalses de la demarcación del Guadalquivir se reparten entre las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, Huelva y Ciudad Real. Las tres que más capacidad de embalse tienen son, en este orden, Córdoba, Jaén y Sevilla. En el caso de Córdoba, su capacidad total supone el 42,04% de toda la cuenca y, con sus reservas actuales, aporta el 34,28% del agua almacenada. En cuanto a Jaén, si todos los embalses estuvieran repletos, aportaría el 28,6% del agua de la demarcación, pero con las reservas actuales esa contribución se reduce al 25,9%. Por último, Sevilla tiene capacidad para almacenar el 11,58% de la demarcación y su volumen actual supone el 20,39% del agua que hoy tiene la cuenca. Sin embargo, en el reparto que hace la CHG Sevilla acaba llevándose el 47% del pastel a pesar de ser la que menos ingredientes aporta, mientras que Jaén y Córdoba, que son los que más, se quedan con el 18% y el 17%, respectivamente. El cultivo mayoritario en Sevilla es el del arroz, con unas 40.000 hectáreas, más del 90% de la superficie de toda Andalucía, y en la provincia de Jaén, huelga decirlo, es el olivo, con unas 600.000 hectáreas, de las que 162.000 son de regadío, es decir, que el arroz acaba recibiendo más de 10.450 metros cúbicos por hectárea frente a los 1.290 metros cúbicos por hectárea con los que cuentan los regantes de olivar. Y ello, repetimos, a pesar de que la provincia de Jaén aporta casi el triple más de agua a la demarcación que la de Sevilla.
Entre unidades y solidaridades
Dos motivos explican ese reparto. El primero, que el cultivo del arroz necesita muchísima más agua que el del olivo para nutrirse. Los arrozales, frente al riego por aspersión o goteo de los olivares, no se riegan, sino que se tienen que inundar. El segundo motivo es que, de acuerdo a la normativa por la que se rige la CHG, el agua que nace de Jaén no pertenece de forma estricta a Jaén, sino a toda la cuenca, y lo mismo ocurre con el resto de provincias integrantes. Esa circunstancia se basa en dos principios legales: el de unidad de cuenca, sellado en un Real Decreto del 5 de marzo de 1926, y el de solidaridad, ideado para corregir desequilibrios territoriales. Pero la solución a la carencia de agua para los regantes jiennenses no está en las luchas casi cainitas contra los sevillanos u otros territorios que compartan cuenca hidrográfica, sino en las cuentas pendientes de la Administración, el gran quid del asunto.
La balsa del Cadimo y la presa de Siles: el cuento de la pava que no se acaba
En Jaén hay más de 50.000 hectáreas de regadío en situación precaria y sin regularizar por culpa de compromisos adquiridos en sucesivos planes hidrológicos que todavía no se han cumplido. De estas hectáreas, 15.000 pertenecen a la cuenca del río Guadalbullón. El 6 de octubre de 2008, la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, vino a Jaén a echarse la foto y a poner la primera piedra de la futura Balsa del Cadimo, una infraestructura hidráulica con capacidad para 7,5 hectómetros cúbicos en el término municipal de Jaén con la que se pretendía, entre otras cosas, consolidar esas 15.000 hectáreas de regadío. Las obras, enmarcadas en al Plan Activa Jaén, se prolongaron durante una década fruto de diversos retrasos. Desde entonces se han hecho numerosas pruebas, que hoy continúan, para ponerla en funcionamiento, pero sigue inactiva y pocas explicaciones se han dado al respecto. Por su parte, la construcción de la presa de Siles concluyó en 2015. Recibe caudal de los ríos Guadalimar y Carrizas y tiene capacidad para almacenar 30 hectómetros cúbicos, pero los regantes no han podido hacer uso todavía de ellos. Tras años de polémicas entre el Gobierno central y el de la Junta, en septiembre de 2020, la Administración autonómica delimitó, por fin, la zona regable a más de 50.000 hectáreas. Hoy, la convocatoria de concesiones de los 6,19 hectómetros cúbicos para riego sigue a la espera de resolverse. Las conducciones aún están pendientes, pero el presidente de la CHG, Joaquín Páez, no está por la labor de construirlas. En una visita a Jaén en junio del año pasado, recordó que el organismo de cuenca opta por aportar tomas directas y que sean los usuarios los que hagan las conducciones, que son “los que las pagan”.
La presa de la Cerrada de la Puerta: donde dije digo, digo Diego
Una intervención que “pretende asegurar el abastecimiento de la población del sureste peninsular de la provincia e impulsar la regeneración y adecuación ambiental de la zona, mediante la construcción de una presa de 289 hectómetros cúbicos”. Así aparece definido desde hace una década en el portal Activa Jaén el “proyecto de regulación del Guadiana Menor” de la presa de La Cerrada de la Puerta, en el término municipal de Pozo Alcón, para el que se destinó en su momento un presupuesto de 51 millones de euros y que, según reza en la propia web desde hace años, se encuentra “muy avanzado”. Sin embargo, desde su inclusión en el Plan Hidrológico 2015-2021 cayó casi totalmente en el olvido. Tan sólo 21.538 euros, esto es, apenas un 0,04% de la inversión total, se emplearon para sufragar estudios previos en 2018. Seis años después —el Plan Hidrológico vigente se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2016—, la construcción de la presa de La Cerrada de la Puerta no entra en los planes del Gobierno de España porque no hay ni rastro del proyecto en los borradores del nuevo Plan Hidrológico, que tendría vigencia hasta 2027.
El chollo de las captaciones ilegales
Pero, en situaciones adversas, uno también tiene que entonar el mea culpa para dejar de tocar fondo. Nunca mejor dicho. Las captaciones ilegales de agua de los embalses o de pozos improvisados, bien de forma individual, bien a través de comunidades de regantes sin constitución legal, es también un mal endémico de la provincia jiennense. Sonado es el caso del acuífero de La Loma. En una zona en la que imperaba el secano y acuciada por la sequía, los olivareros, en una búsqueda cada vez más desesperada de agua, pincharon y pincharon cada vez más hondo hasta dar con una masa de agua de más de 1.000 kilómetros cuadrados que abarcaba varios municipios. Una mina de oro, un chollo que multiplicó no sólo la producción de aceite, sino el número de olivos. Aunque acabó regularizándose, la sospecha de irregularidades no cesa ni en esta ni en otras zonas. Entre 2017 y 2019, la CHG abrió 125 expedientes de captaciones de agua ilegales en la provincia. Además, la transformación masiva de olivares de secano a regadío y la proliferación de explotaciones intensivas acentúan el desequilibrio en el reparto del agua y no dejan espacio en el campo para propiciar una diversificación agraria de garantías.