Gracia Rodríguez: “Tenemos leyes buenas, pero hay que aplicarlas bien”
LA ENTREVISTA
Gracia Rodríguez Velasco, exfiscal de la Audiencia Provincial de Jaén y de Sección contra la Violencia sobre la Mujer, analiza los retos actuales del sistema judicial, desde la formación continua y la coordinación de todos los agentes implicados hasta la protección integral de las víctimas, destacando la importancia de denunciar estos casos para preservar la integridad de la mujer.
—Desde su experiencia como fiscal, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta el sistema judicial al abordar casos de violencia de género?
—La especialización en todos los sectores. En cuanto falla un psicológico, forense, juez, abogado o trabajador social, falla el sistema. Es fundamental la formación. Si cualquiera de estos sectores no está bien educado y preparado, y ocupa un puesto clave, los demás vamos a fallar. Y ya sea en el ámbito sanitario, jurídico, educativo o social, tiene que haber comunicación entre los que intervenimos.
—¿Hay áreas en la legislación en las que es necesario hacer mejoras al respecto?
—Tenemos leyes muy buenas, pero tenemos que aplicarla correctamente. Se produjeron modificaciones importantes, como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (”Ley del Solo Sí es Sí”) y la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Entre las novedades más importantes está la prohibición de establecer un régimen de visitas si no existe un informe pericial previo. Cuando los menores ven y viven situaciones de violencia contra su madre, esto les afecta en su desarrollo y para el resto su vida. Por ello, es fundamental que, al establecer medidas de alejamiento, no se permitan regímenes de visitas con el padre agresor, ya que cuando esté solo puede usar al niño como medio de maltrato hacia la madre.
—¿Qué mecanismos existen para proteger a las víctimas durante el proceso judicial y asegurar que se sientan seguras?
—Desde el momento que denuncia, se puede dictar una orden de protección y, en un plazo de 72 horas, acordar diferentes medidas. La resolución más grave sería la prisión preventiva. Otras podrían ser la prohibición de comunicación o acercamiento, o la imposición de dispositivos tecnológicos como pulseras de geolocalización. Es importante destacar que no se ha registrado el asesinato de una mujer protegida por este último mecanismo. Además, existen otros recursos de apoyo como casas de acogida, centros municipales de la mujer, asistencia psicológica o abogados especializados en esta cuestión. Sin embargo, si la mujer no denuncia, no podemos protegerla. La denuncia es totalmente necesaria.
—¿Qué habilidades considera esenciales para que los fiscales manejen adecuadamente este tipo de casos?
—Es crucial la formación continua y disponer de herramientas informáticas especializadas en violencia de género. También es importante fomentar la comunicación entre todos los sectores implicados. La coordinación entre sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas de seguridad y fiscalía en los asuntos difíciles es fundamental para que salgan adelante. En los casos en los que la mujer no quiere denunciar, se puede conseguir información a través del centro sanitario, del centro escolar donde acuden los niños o de los informes vecinales.
—¿Cómo se cuida emocionalmente al trabajar con casos tan complejos y sensibles?
—El impacto psicológico es complicado de gestionar. Las víctimas pasan por fases emocionales muy complejas y trabajar con ellas es difícil. Intentas ayudarlas, pero a veces el proceso es muy desgastador. Una herramienta útil son las reuniones anuales que tenemos todos los fiscales delegados de España. Estos encuentros no solo sirven para unificar criterios y abordar nuevos retos, sino también como una especie de terapia entre compañeros.