¿Y si los vecinos “se apropiaran” del Camino Fuente de la Peña?

La titularidad de la calle Camino Fuente de la Peña es una incógnita con tintes “kafkianos”, para algunos. Ninguna Administración asume su competencia. La Subdelegación del Gobierno, en un escrito del pasado 8 de febrero, señala, con información facilitada por la Unidad de Carreteras de la provincia, que, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 27 de mayo de 1984: “Se publicó el traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de carreteras”. No se añaden más concreciones. Pero a este pase de pelota el delegado de Fomento y Vivienda respondía, el 26 de febrero, con otro informe en el que no se mueve de la postura que su departamento ha mostrado en el tiempo que dura esta polémica.

Dirigiéndose al presidente de la asociación de vecinos “La Gloria”, Ramón Rivilla, se lee: “Le reitero que, al igual que en las dos reuniones anteriores, la titularidad de la calle no es de la Junta de Andalucía”. Le adjunta como prueba la ortofoto del año 1980, en la que el camino ya aparecía como calle; le “recuerda” que, para entonces, la Junta de Andalucía “no se había constituido aún”. Y le “sugiere”: “Que se ponga en contacto con la Administración competente del mantenimiento del viario público municipal”. O sea, el Ayuntamiento.

Pero la entidad local niega ser su titular. “En el área de Patrimonio, en el inventario, no aparece esa vía”, aseguró el edil de Personal, Miguel Contreras, que instó a la Junta a demostrar “con un documento fehaciente” que se realizó el traspaso de competencias del que habla la Subdelegación del Gobierno. El que, en el anterior mandato, fuera responsable de Hacienda y Patrimonio, señaló: “Entiendo a los vecinos, porque es un calvario pasar por la zona, pero el Ayuntamiento no puede intervenir”. Adujo que, de hacerlo, el equipo de Gobierno local se toparía con un reparo de legalidad de la Intervención municipal. “Si no es mía, no puede gastar dinero público del Ayuntamiento”, argumentó el edil, que lanzó, de nuevo, el balón a la Junta de Andalucía para que, por enésima vez, Valdivielso lo negara a este periódico.

Unos por otros, la casa sigue sin barrer y la calle —denuncian los vecinos— es un “peligro”, plagada de baches como está y con el asfalto roído por el paso del tiempo y de vehículos y la falta de una intervención desde hace años. “Las bicis no pueden pasar, las motos tampoco y los coches lo hacen con dificultades y, cuando llueve, salpican a la gente y a los escaparates”, describe la presidenta de la federación Objetivos Comunes (OCO).

Cansados de ir de un lado a otro y de que ninguna Administración asuma su competencia, el próximo día 31, las juntas directivas de la federación y de las asociaciones “La Gloria” y “Cauce” desarrollarán una “performance” con la que cortarán la calle y pedirán un peaje simbólico a cuantos pasen por ella para sufragar el arreglo de este Camino. Pero, además, con el mismo simbolismo, se apropiarán de ella por un momento. Ante la parálisis que —critican estos colectivos vecinales— exhiben las administraciones amparadas en la Ley, en cuáles son sus “propiedades” y, por extensión, sus ámbitos competenciales, Cantos señala: “Nos quedaría abrir un expediente de dominio y quedarnos con la calle”.

Lanza esta posibilidad desde la impotencia y tomando la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas como base. Su artículo 17, sobre inmuebles vacantes, es claro: “Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño”. Y, en el caso de que “existiese un poseedor en concepto de dueño —que, en este caso, serían los vecinos—, el Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil”, reza el apartado cuarto del mismo artículo. “Evidentemente”, ni “OCO”, ni las asociaciones de vecinos “Cauce” y “La Gloria” tienen recursos para afrontar un proceso así. De hecho, la actividad de los colectivos vecinales está lastrada por la deuda que el Ayuntamiento mantiene con ellos. “Solo es una llamada de atención para que salga el dueño de la calle”, resuelve Cantos.

La pretensión es que “alguna Administración” tome cartas en el asunto “antes de que ocurra algún accidente”. “Estamos avisando a las cuatro administraciones —también se han dirigido a la Diputación y, extraoficialmente, esta les ha asegurado que no es titular del bien— de que hay un peligro y alguna tendría que actuar”, esgrime la presidenta de “OCO”, que recuerda que el Camino Fuente de la Peña es “la única salida que hay para Los Villares y Valdepeñas” y que, en la zona, hay un colegio y un instituto. “Es un problema y hay poca valentía. El Ayuntamiento o la Junta tendrían que echarse adelante y resolver este problema. Luego, ya se pedirán responsabilidades”, sugiere Cantos. En declaraciones a este periódico, el delegado de Fomento y Vivienda indicó que ambas administraciones “hablarán pronto” para resolver la situación.

Un razonamiento similar utilizó el grupo municipal socialista recientemente. En un comunicado, la concejal Maribel Lorite acusó al equipo de Gobierno local de haber gastado “17.000 euros” en eliminar un resalto de esta calle. “Con este dinero podía haber llevado a cabo un asfaltado general y mejorar, de una vez por todas, la imagen de la zona, la comodidad y seguridad de los vecinos que transitan por esta vía”, criticó la edil, para quien esta inversión zanjaba cualquier polémica sobre la titularidad de la calle.