¿y LA OFICINA ANTIDESAHUCIOS?

El 26 de junio, dando cumplimiento a una moción de Jaén en Común (JeC) que estaba marcada por la presión ciudadana e iba revestida de urgencia, la concejal de Vivienda, Isabel Azañón, presidió una primera reunión con representantes de todos los grupos municipales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para sentar los pilares de una Oficina Municipal Antidesahucios. A esa mesa se elevaron diferentes propuestas y el “compromiso” —recuerda, desde la PAH, Isabel Mateos— fue mantener un nuevo encuentro en julio “para que antes del día 10 de septiembre” la oficina estuviera en funcionamiento.

Sin embargo, julio quedó atrás y la aspiración de que se cumplan los plazos parece una quimera cuando —advierte la plataforma— la realidad no toma vacaciones en agosto y la emergencia habitacional quita el sueño a vecinos de la capital como Catalina Piqueras, al borde del desahucio por el impago de las ayudas al alquiler que la Junta de Andalucía aprobó el año pasado, o Pedro Úbeda, “okupa”, junto a su familia, del piso que el banco le subastó por no pagar la hipoteca.

Con esta oficina antidesahucios, que —subraya la plataforma— no supondría coste extraordinario alguno para las famélicas arcas del Ayuntamiento, el objetivo de la PAH es que se medie en todos los procesos para que los vecinos afectados conserven su primera vivienda y, en caso de desahucio, que se les ofrezca una alternativa habitacional. El colectivo aboga también por la dación en pago, en el caso de desahucios por impago de hipoteca, y por la negociación de un alquiler social en el propio domicilio como primera opción y, ante todo, no permitir medidas de sobreendeudamiento, entre otras.

Para los impagos de alquiler, las propuestas que la plataforma presentó en la reunión del 26 de junio se centran en la intermediación que debería realizarse desde la oficina para alcanzar acuerdos de pago entre arrendador y arrendatario. “La finalidad de la mediación es la de prevenir y evitar un futuro endeudamiento, buscando la mejor solución posible entre las partes, y manteniendo, siempre que sea posible, la vivienda”, se lee en el documento, al que tuvo acceso este periódico. Pero la propuesta de la PAH también contempla cuestiones controvertidas. Entre ellas, que el Ayuntamiento asesore jurídicamente y de forma gratuita en la reclamación de las cláusulas abusivas de las hipotecas y que firme convenios con las entidades bancarias para gestionar los pisos que tienen vacíos y ponerlos a disposición de las personas que están en riesgo. Esto llevaría a la creación de un parque de viviendas para alquiler social, que incluya los inmuebles que pertenecen a la Sareb o “banco malo” y las que pertenecen a inmobiliarias o promotoras y están vacíos, y la creación de una ordenanza que favorezca a viviendas de particulares que quieran participar en el programa.

“El objetivo es evitar desahucios o mediar para que la gente afectada se quede en su vivienda con un alquiler social”, subraya Mateos, que teme que “va a costar arrancar” la oficina porque —apunta—: “Son medidas que no son plato de buen gusto para el PP”. Pero advierte: “Hay una moción, que es un plan de trabajo, y, en septiembre, vamos a estar vigilantes”.