Una mesa técnica para ordenar las viviendas de Los Puentes

El presidente de la Diputación, el socialista Francisco Reyes, visitó la sede municipal el pasado viernes y, del encuentro con el alcalde, Julio Millán, salió la posibilidad de encomendar la recaudación municipal a la Administración provincial. Hubo sintonía política entre los dos políticos, compañeros en el PSOE. Idéntico entendimiento exhibieron ayer la subdelegada del Gobierno, la socialista Catalina Madueño, y el máximo responsable municipal, en la mesa de trabajo en la que ambos participaron en el Ayuntamiento. Millán le trasladó a la subdelegada su intención de crear una mesa técnica de Los Puentes y otras zonas residenciales de Jaén de la que forme parte también no solo la Administración estatal sino también la autonómica. De esta forma, dice, se podrá avanzar en la regularización de las viviendas construidas allí y buscar solución técnica y jurídica a la situación de determinados servicios públicos, caso del abastecimiento de agua en el Puente de la Sierra, que, recordó, depende del acuerdo entre privados. “Hay que dar continuidad y estabilidad a este diálogo. Es un problema que aunque la solución no es a corto plazo es necesario que las administraciones nos coordinemos. Este trabajo es lento, pero ha de ser seguro y constante y alguien tiene que comenzarlo”, juzgó Millán.

Antes del cambio de Gobierno municipal, la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes (UGV), que agrupa a los propietarios de viviendas en estos diseminados, que preside Alberto Castro, mantuvo una reunión en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la que asistieron el residente de la entidad, Joaquín Páez y el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, además de la subdelegada del Gobierno en Jaén. Tras el encuentro, la entidad arrancó el compromiso de que las obras que se acometan en los ríos del extrarradio de la capital sirvan para aplicar medidas correctoras, que permitan reducir el riesgo de inundaciones, en lugar de las destinadas a las de limpieza y mantenimiento. Supuso un cambio de criterio con respecto a anteriores gestores de la Cuenca, que es del agrado de los vecinos y, además, entronca con los acuerdos adoptados para dar solución a estos inmuebles. En la mesa de trabajo también se hizo hincapié en que cada una de las administraciones implicadas en este proceso, es decir, la CHG, la Junta y el Ayuntamiento, debe responsabilizarse de sus competencias para, de esta forma, agilizar los trámites necesarios. Eso fue lo que solicitó la Unidad de Gestión Vecinal al exalcalde, Javier Márquez, para reclamarle un “compromiso formal para la tramitación de la regularización de las viviendas”. Castro explicó ayer que, por el momento, esperarán antes de solicitar un encuentro con el nuevo Gobierno municipal para trasladarle sus preocupaciones en esta materia, al igual que las relativas al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles que, según una sentencia del Supremo, no debería de considerar sus inmuebles de naturaleza urbana, sino rústica, por carecer de servicios. Una posible reclamación colectiva conllevaría costes millonarios, en concepto de devolución, para las arcas municipales.

En cuanto al problema del agua en el Puente de la Sierra, la asociación de vecinos, Puensi, desveló que el concejal de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, iba a mantener una reunión con el empresario Rafael Alcántara, que es el que atendía el suministro en el barrio, para buscar una posible salida a este problema que se prolonga desde hace meses. Hay que recordar que Alcántara es el propietario del pozo concesionado por el Ayuntamiento que interrumpió el servicio al entender que no contaba con garantías.