Un modelo de prestación de servicios públicos en la picota

Los conflictos laborales con empresas concesionarias y de servicios públicos se multiplican en los últimos meses y percuten sobre la Administración andaluza. La contestación social, tanto sindical como de colectivos, achica el umbral de la paciencia ciudadana y pone en cuestión el modelo de gestión privada en la prestación de numerosos servicios públicos. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, esgrimen dos consecuencias de calado, deterioro de la calidad y precariedad laboral. El modelo de externalizaciones no es de ahora, viene de lejos, pero la última gran crisis económica que comenzó en 2008 y las políticas restrictivas del gasto público adoptadas en España bajo el auspicio de la Unión Europea, el “austericidio”, han extremado su deterioro.

Ejemplos hay en la provincia para todo un abanico de servicios. El de los comedores escolares cerrados tres meses por el abandono del servicio de la empresa concesionaria es uno de ellos. La adjudicación directa, en el marco de la Ley de contratación, no dio resultado. Y el procedimiento de urgencia para licitar ha sido posible tras una larga y penosa negociación con la empresa licitante. El servicio se va a reabrir tras un acuerdo en el que la nueva concesionaria paga los salarios adeudados, mientras las trabajadoras no repercutirán sobre ella sus reclamaciones de deuda por otros conceptos. En el inventario del conflicto, 1.900 niños aún afectados, más de un centenar de trabajadoras y la Junta salpicada.

La limpieza de institutos y de algunas dependencias públicas es otro de los conflictos cerrados recientemente, aunque no de forma definitiva. Hay afectadas 200 trabajadoras y 70 centros públicos. Dos empresas concesionarias en conflicto con los sindicatos y sus trabajadoras y con un reguero de problemas en otras comunidades y provincias por el mismo motivo, retrasos reiterados en el pago de salarios. En Jaén, una y otra empresa han pagado, aunque incumpliendo plazos pactados en un preacuerdo alcanzado con la mediación de Educación. El sindicato CC OO, en este caso, advierte que si vuelven a retrasar el pago de nóminas habrá más huelgas.

El rosario de problemas desgrana cuentas también en servicios muy singulares y sensibles del ámbito educativo. Algo más de un centenar de técnicas en Integración Social de la provincia trabajan desde hace dos décadas con alumnos de necesidades especiales. Y 14 trabajadoras hacen lo propio con aquellos que tienen alguna discapacidad auditiva. Son intérpretes de la lengua de Signos Española. El conflicto en este caso es a la inversa, surge tras anunciar el nuevo Gobierno andaluz que va a revertir el servicio, ahora subcontratado, para asumirlo. Las trabajadoras temen por sus empleos alegando que la bolsa única de trabajo no les reconoce la antigüedad. Piden que la Junta se subrogue con todas. Y Educación asegura que trabaja para garantizar sus empleos.

Con menos ruido late otro problema denunciado por un sindicato, en este caso la central independiente y de funcionarios CSIF. Recientemente reclamaba más plantilla en Salud Responde, servicio también externalizado. Pocos trabajadores y mil llamadas perdidas en un mes, dijo el sindicato. Un dato contundente en otro servicio sensible a la ciudadanía. La situación llega a un punto en el que los sindicatos mayoritarios creen que hay que actuar. ¿Reformar los procedimientos de licitación? ¿Reformar la propia Ley de contratos? ¿Revertir el modelo? UGT y CO OO no tienen dudas.

“Es un principio fundamental para nosotros. Abogamos siempre por el rescate de estos servicios y que los tutele la administración que sea competente. Se están dando las circunstancias en estos momentos, porque no se puede mirar siempre la oferta más económica para adjudicar, que al final lo que trae es el conflicto”, asegura Manuel Salazar, secretario general de UGT en Jaén. “Nosotros tuvimos no pocos conflictos con los anteriores gobiernos socialistas andaluces, ahora le toca al PP afrontar esta situación”, observa Salazar.

“Nuestro le lema es ‘Lo público desde lo público’. Creemos que estos servicios debe gestionarlos directamente la administración correspondiente. Al final le sale más caro al ciudadano, porque siempre lleva el lucro empresarial inherente”, explica Francisco Cantero, secretario general de CC OO de Jaén. Que la gestión privada sea mejor que la pública “es un mantra liberal que no tiene fundamento”, asegura. “Desde lo público hay que asegurar una gestión eficiente, rigurosa, garantizando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y los de la ciudadanía”, concluye.