Sin ayudas a la rehabilitación por informes enviados “fuera de plazo”

Antonio Montoro lleva “tres meses” sin salir de casa. Ni siquiera lo ha hecho para acudir a la cita con el cardiólogo. Tiene 82 años; las rodillas, “fatal”, y su hija, Rocío, aventura, con impotencia: “Vamos a empezar a buscar residencia, porque no podemos llevarlo ni al fisio para la rehabilitación”. La comunidad de propietarios del bloque en el que viven sus padres, en la calle Maestra, es una de las 114 que, en toda la provincia, han visto desestimada su solicitud al programa de la Junta para el fomento de la rehabilitación edificatoria.

El listado definitivo de la orden de 28 de abril de 2015 se conoció a mediados de marzo y solo una comunidad de propietarios, radicada en la capital, ha pasado la prueba del algodón. El resto ha “caído” en las sucesivas etapas del proceso por “falta de documentación, documentación incompleta” o “incumplimiento de los requisitos”, como es el caso de la comunidad a la que pertenece Antonio Montoro. El motivo —expone su hija— es que no entregaron dentro del plazo establecido el informe de evaluación edificatoria.

“Cumplíamos todos los requisitos, excepto la fecha de entrega del informe, y nos hemos quedado colgados, sin obras y después de gastar más de 2.000 euros entre el informe y el proyecto técnico”, critica Rocío Montoro, que anuncia un “recurso de reposición”. La comunidad había concurrido a esta convocatoria de ayudas —la primera después del estallido de la crisis económica— para mejorar la accesibilidad del bloque: ampliar el ascensor para que quepa una silla de ruedas e instalar un elevador. “De los ocho pisos que tiene el bloque, los propietarios de siete están jubilados y la mayoría están muy mal”, apunta Rocío Montoro. Es la segunda vez que optaban a una subvención de Vivienda. La primera fue en 2005. “Gastamos entre 1.500 y 2.000 euros y nos dijeron que no por la crisis. Ahora, se inventan una fecha para entregar unos informes que no han pedido en otras provincias y, si hubiera una tercera, a mis padres no les llega. Además, ¿cómo les voy a pedir a mis vecinos, jubilados y mayores, más dinero?”, plantea la mujer.

Es una pregunta retórica, pero el delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, responde que tiene arreglo. De entrada, niega que haya provincias en las que se ha eximido a las comunidades de presentar los informes. “Es un requisito regulado por la Ley estatal 8/2013, aplicable en todo el país”, recalca. No obstante, anuncia: “Esos 1,2 millones [de la orden de 2015] no los vamos a devolver al Gobierno y los vamos a sacar, en breve, en una nueva convocatoria de iguales características. Así que podrán volver a solicitar la ayuda y no habrá problema porque ya tienen el informe de evaluación edificatoria”. Además, anuncia una “turné” para informar del proceso.