URGENTE

Un día como hoy de hace justamente un año, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía marcaron un giro en el exacerbado enfrentamiento institucional y político que José Enrique Fernández de Moya llevó a sus cotas más altas, como alcalde de la capital, con la ansiada visita de la presidenta del Gobierno andaluz a la sede de la entidad local. Indiferente a las cartas recurrentes que le había remitido el hoy secretario de Estado de Hacienda para abordar las necesidades de la ciudad y “los innumerables incumplimientos” —decía— de la Junta, Susana Díaz puso los pies en el Ayuntamiento de Jaén cuando Javier Márquez ya llevaba cerca de tres meses blandiendo el bastón de mando.

Solo que hubiera conseguido la visita de la presidenta ya evidenciaba un cambio de etapa. Y las declaraciones de ambos, en una rueda de prensa posterior al encuentro, lo corroboraron. Durante algo más de una hora, los dos mandatarios abordaron problemas enquistados en la ciudad, como la puesta en marcha del tranvía o la rehabilitación de Las Protegidas; de medidas de apoyo financiero al Ayuntamiento, dentro de las posibilidades de la Administración autonómica; de agilización de pagos en materia de Ley de Dependencia y también de casco histórico, entre otros asuntos. Al término de la reunión, la presidenta y el alcalde compartieron la misma impresión, traducida en satisfacción: Se había producido un “acercamiento entre administraciones necesario para los ciudadanos”. Algunos periódicos titularon, entonces, que se abría la etapa del talento y el talante del que Díaz habló al designar a su propio equipo de Gobierno al frente de la Junta.

Pero, un año después, la lectura que hacen ambas administraciones de aquello solo coinciden en que las relaciones sí se han mejorado. “Son bastante más fluidas”. “El trato personal es más cordial”. Son las respuestas de la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, y del alcalde, Javier Márquez, respectivamente. Pero es todo.

La preocupación, la ocupación y la voluntad política por ayudar al Ayuntamiento que asegura tener la Junta contrasta con el balance que realizan el regidor y la oposición política, a excepción del PSOE, que, como Cobo, sintetiza que la mayoría de los compromisos que la presidenta adquirió con el alcalde en aquella reunión se han ejecutado o están en vías de hacerlo —como la reanudación de las obras de la iglesia de Santo Domingo— y los que siguen en el aire lo están por la gestión municipal y, sobre todo, por el endeudamiento colosal que lastra cualquier capacidad de acción por parte del Ayuntamiento. Conocedora al dedillo de la situación municipal y de los proyectos que la Junta tiene comprometidos con la ciudad, la delegada destacó la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “con el levantamiento de todas las suspensiones”, como había garantizado Díaz, o las facilidades de Fomento para sacar el tranvía de cocheras, alterando incluso los parámetros del convenio original, que dejaba claro que la Administración autonómica “construía” y la local “explotaba”. En cuanto al apoyo financiero, señaló: “Le hemos concedido el máximo de aplazamiento y fraccionamiento”.

La lectura del alcalde es diametralmente opuesta. “No he visto avance en prácticamente nada de lo que se habló”, resuelve Márquez. El regidor pone el foco en la situación de Las Protegidas. La presidenta sugirió aplicar el acuerdo a 4 bandas que ha permitido retomar la última fase de las obras de la barriada de Santa Adela, implicando a los vecinos y al Ayuntamiento. Pero este lo rechazó, amparado en que la rehabilitación de viviendas es competencia autonómica. Márquez también lamenta: “No ha habido ninguna ayuda desde el punto de vista financiero”. Y añade: “Seguir asfixiando a este Ayuntamiento con las facturas del sistema tranviario es no tener mucho interés en ayudar a la Administración local”. Enumera proyectos pendientes que, sin embargo, la Junta valora como desatascados, como la culminación del Museo Ibero o las construcciones del Conservatorio Superior y del instituto en el casco histórico. “Para haber pasado un año, veo que seguimos como el anterior”, es su balance, aunque se dice “esperanzado en que la Junta de Andalucía cumplirá con los jiennenses porque serán los beneficiados” de que se resuelvan los problemas.

Comparten su visión el portavoz municipal de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, y el edil no adscrito Iván Martínez. Para el primero, falta voluntad política; el segundo concluye: “Seguimos siendo la capital abandonada de Andalucía”.

en la calle. la ciudadanía no percibe avances

A pesar de los argumentos de la Junta de Andalucía, la percepción en la calle coincide con la del alcalde y con la de grupos de la oposición, como JeC, y el edil no adscrito, “La reunión no ha servido para nada. Hay una relación cordial en la palabra, pero en hechos se transcribe en nada”, señala el coportavoz de Ecologistas en Acción, Javier Ramírez. Opinan igual los presidentes de las federaciones vecinales “Más Voluntades” y “Objetivos Comunes” (OCO), Antonio Lozano y María Cantos, respectivamente. “Fue una foto y poco más”, indica Lozano, que lamenta que la capital “sigue marginada por la Administración autonómica”, aunque no obvia que el Ayuntamiento “también tiene su parte de culpa”. Especialmente crítica se muestra Cantos , que resuelve: “[Susana Díaz] puede venir muchas veces y echarse muchas fotos, pero, si no se plasma en inversiones ciertas en los presupuestos y que se ejecuten, no creo nada y no ha habido cambios. ¡Haz una comparativa con el resto de provincias!”, sugiere.

santo domingo. pasos para activar la obra

La reanudación de las obras de rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, que quedaron en suspenso con la llegada de la crisis económica, fue un compromiso de la presidenta de la Junta en la reunión que mantuvo con el alcalde el año pasado. Ayer, la delegada del Gobierno andaluz precisó que el proyecto ya ha pasado por la comisión del 1% Cultural y que las consejerías de Fomento y Cultura firmaron el acuerdo de colaboración a finales de diciembre del año pasado. En estos momentos, se está tramitando la contratación de los trabajos arqueológicos necesarios para poder retomar las obras. Estos durarán, presumiblemente, tres meses. Con las conclusiones de ese estudio, la Administración autonómica espera poder iniciar, a partir de agosto-septiembre, los trámites para licitar el proyecto y la redacción de la dirección facultativa. “Al ser un Bien de Interés Cultural (BIC) es difícil que veamos la obra iniciada antes de un año —reconoció Cobo—, pero los pasos se están dando, tal y como se acordó”.