Lo que nadie conoce de Autobuses Castillo
La empresa del transporte urbano defiende la legalidad de su contrato y anuncia que llegará hasta el final
No corren buenos tiempos para la compañía que tiene la concesión del transporte urbano de la capital desde hace 58 años. El nuevo equipo de Gobierno, formado por el Partido Socialista y Ciudadanos, quiere anular el contrato y convocar un proceso de licitación al que puedan concurrir las empresas interesadas. Herederos de José Castillo, S. L. decide romper su silencio y, ante los ataques recibidos a diestro y siniestro, se defiende con papeles que hacen presagiar que no será fácil abandonar un servicio en manos ya de la tercera generación. A través del gerente, José Miguel Castillo, la compañía pone los puntos sobre las “íes” y desgrana su posicionamiento con la verdad como bandera de esta firma empresarial.
La historia comienza en 1961, cuando José Castillo, el abuelo, consiguió la adjudicación de un transporte que, hasta entonces, no existía. Recibió, incluso, una subvención que, en cuanto se vio a salvo económicamente, la rechazó. Dos años estuvo de prueba y, a partir de ahí, la concesión recibió las prórrogas oportunas, de forma automática, hasta llegar a 1991, cuando un nuevo contrato, con José María de la Torre como alcalde, garantizó una nueva prórroga por veinte años más. Un decreto de la Alcaldía, en tiempos de Miguel Sánchez de Alcázar —a petición de la empresa—, otorgó la última, por un tiempo de veinticinco años a contar desde 2011, por lo que si nada ni nadie lo impide, Autobuses Castillo tendrá adjudicado el servicio hasta 2036. Sin embargo, el Ayuntamiento está dispuesto a buscar el apoyo del pleno municipal para declarar la nulidad de ese contrato y sacar a concurso, por primera vez en la historia, el servicio de transporte urbano.
José Miguel Castillo, gerente de Herederos José Castillo, S. L., dice que el asunto está en manos de un grupo de abogados y que llegarán hasta el final para defender sus derechos. “Estamos muy tranquilos”, subraya. Por el momento, se amparan en el documento que presentaron con las alegaciones pertinentes en las que, en resumidas cuentas, aseguran que nunca hubo expedientes sancionadores hacia la compañía ni incumplimientos de contrato, por lo que no entienden por qué el alcalde, Julio Millán, anunció en rueda de prensa el rescate del servicio en la próxima primavera. “Entendemos que se trata de una artimaña política”, apunta. El gerente aprovecha la oportunidad para reclamar al Ayuntamiento la deuda pendiente, cercana a 1,4 millones de euros, que les impide avanzar en la modernización del servicio. “Ellos sí están incumpliendo el contrato, porque no nos pagan la parte subvencionable del billete desde hace mucho tiempo y, además, no nos dan facilidades para trabajar”, indica José Miguel Castillo. Se refiere, en este caso, a las dificultades a las que se enfrentan, cada día, los conductores, para que no haya retrasos en las líneas. La situación en la que se encuentra el tráfico en la capital genera cuadros de estrés importantes no solo a los empleados, sino también a los usuarios, que muchas veces optan por ir a pie en una ciudad en la que no hay distancias.
Fundamental es el pago de la deuda para renovar una flota que tiene una media de 9,1 años de vida, cuando el contrato les obliga a no pasar de los 12 años. Todos sus autocares están en perfecto estado de revisión y, cuando surge un contratiempo, aseguran que intentan arreglarlo lo antes posible.
Otro asunto que les preocupa tiene que ver con las obras de la calle Roldán y Marín, que obligaron a la empresa a realizar la última parada en la Plaza de la Libertad, en un espacio en el que ni siquiera hay una marquesina señalizada. “Tenemos muchas quejas, porque la gente quiere subir hasta arriba, como antes, pero no atienden nuestras peticiones. Hemos solicitado que nos dejen pasar por Correa Weglison, y en esas estamos. Mil viajeros diarios hemos perdido desde que estamos en Coca de la Piñera”, apunta José Miguel Castillo. Otra de las necesidades que consideran urgente es la instalación de un carril-bus, respetable por la ciudadanía, en la Avenida de Andalucía, en el Paseo de la Estación y en la Avenida de Madrid. Es la única manera de conseguir la viabilidad en un transporte que, en un futuro, está llamado a convivir con el tranvía, el gran caballo de batalla de Autobuses Castillo, cuyo carácter metropolitano lo tiene recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En esta “guerra” abierta entre la concesionaria y el Ayuntamiento, la compañía está dispuesta a sentarse con el alcalde para negociar un nuevo contrato que sea bueno y viable para ambas partes. La familia Castillo llegará hasta el último minuto y no escatimará en esfuerzos para defender sus derechos y continuar con un servicio que sienten como suyo y que pretenden que sea ejemplo para otras ciudades.
El gerente de la empresa concesionaria del transporte público, José Miguel Castillo, denuncia un problema al que se enfrentan en la actualidad. Alega incumplimiento de plazos en las notificaciones que realiza el equipo de Gobierno para, por ejemplo, realizar cambios en alguna línea en concreto.
“El Ayuntamiento ha tomado la táctica de no dar tiempo reglamentario en las comunicaciones a la empresa”, subraya. Pone como ejemplo lo ocurrido en la celebración de la Fiesta de Santa Catalina. “Nos llegó un escrito el 21 de noviembre, jueves, en el que nos comunicaban que el domingo teníamos que poner un servicio especial hacia el Castillo de Santa Catalina”, explica. José Miguel Castillo indica que lo habitual es que se hubiera celebrado el lunes y que, además, lo normal es que cuando cae entre semana no haya una línea especial. “No me dieron plazo legal, pero pusimos el servicio gracias al trabajo de nuestros empleados, porque si no lo ponemos, la culpa es de Autobuses Castillo”, apunta.
Otro ejemplo. El 29 de noviembre se abrió la primera fase del centro comercial Jaén Plaza. El día de antes, a través del sistema “Notifica”, recibió Autobuses Castillo una petición de cambio de línea para cubrir esa nueva zona de la capital. “Es una resolución nula, porque generan una indefensión total”, argumenta. Y añade: “Cómo explico que la línea 4, en vez de tirar del centro comercial a la Universidad, va por el polígono, da la vuelta en la fábrica de galletas y luego a la Universidad. De ahí las quejas, que no son porque damos un mal servicio, sino porque el Ayuntamiento no nos comunica los cambios que tenemos que hacer con un plazo adecuado”. José Miguel Castillo pide que, por el bien de toda la ciudadanía, los cambios se notifiquen el tiempo reglamentario para que la empresa trabaje sin obstáculos.
Era época franquista, con José María García Segovia como alcalde, cuando se licitó el servicio de autobuses urbanos. La ciudad había crecido y se hizo necesaria la creación de una prestación que quedó en manos de Autobuses Castillo en 1961. Todo fue nuevo. Empezó el abuelo de José Miguel Castillo, que representa hoy la tercera generación.
El primer contrato se hizo por dos años y, después, se prorrogó automáticamente en diferentes etapas y con distintos dirigentes municipales, tal y como estaba establecido en el documento original. Fue en el año 1991 cuando se realizó un segundo contrato, con José María de la Torre como alcalde, con una vigencia de veinte años, es decir, hasta 2011.
La empresa Castillo, como hizo en anteriores ocasiones, solicitó una ampliación del contrato firmado en 1991 por veinticinco años más. Lo hizo con suficiente antelación, pero con la intención de que la vigencia contara a partir de 2011. Un decreto de Alcaldía, firmado por Miguel Sánchez de Alcázar, dio el visto bueno a la prórroga hasta el próximo año 2036.
El nuevo equipo de Gobierno, con el socialista Julio Millán al frente, anuncia su intención de llevar al pleno del Ayuntamiento una revisión de oficio para declarar la nulidad del decreto del 25 de julio de 2005. El objetivo final es conseguir una nueva licitación del servicio de autobús urbano garantizando el principio de concurrencia a las firmas interesadas.