La provincia perderá 54 unidades el próximo curso

Un nuevo mazazo para la educación pública en la provincia. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la orden de 30 de julio por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de educación Primaria, Infantil y Secundaria, y centros públicos específicos de educación especial, así como colegios públicos rurales. Y si bien es cierto que para el próximo curso no hay previsto el cierre de ningún centro en la provincia —el último fue el instituto García Lorca de la capital, que se fusionó con el Fuente de la Peña en la capital—, la provincia perderá un total de 54 unidades, puesto que se suprimirán 97 pero se crearán 43 nuevas. También se plantea la transformación de 2.

En Primaria es donde más se dejará sentir esta situación, puesto que se suprimirán 57 frente a las 11 nuevas que se crearán, mientras que en el caso de Infantil dejarán de funcionar 27 y 17 se constituirán, y en primero y segundo de la ESO se suprimirán 7 y se crearán 2. En el caso de las específicas se invierte esa tendencia, de tal manera que se suprimirán 6 frente a las 13 nuevas, con lo que se incrementarán en 7.

Por poblaciones, la capital es la más afectada, puesto que en total perderá 14 líneas, frente a las 3 nuevas que se crean. Los centros más afectados será el Muñoz Garnica, que perderá una unidad de segundo ciclo de Infantil y dos de Primaria. Los cambios también afectarán a los centros San José de Calasanz, Alcalá Venceslada, Santo Domingo, Santa Capilla de San Andrés, Ruiz Jiménez, Alfredo Cazabán, Martín Noguera y Antonio Prieto. En el caso del Navas de Tolosa, por contra, se creará una unidad específica de educación especial.

Linares es el segundo municipio más afectado, con 5 supresiones frente a la creación de una nueva unidad, en los colegios Alfonso García Chamorro de la Estación de Linares-Baeza —ahí se creará una de Primaria y se suprimirán dos de ESO—, Andalucía y Marqueses, y en la Escuela Infantil Niña María. En lo que respecta a Andújar, Alcalá la Real y Mengíbar tendrán tres supresiones y la creación de una nueva línea, y entre los más llamativos está el caso de Valdepeñas de Jaén, donde se suprimirán 4 unidades, 3 de Primaria y en el colegio San Juan y una básica especial.

En el caso de Castillo de Locubín, el colegio Miguel Hernández tendrá la transformación de una unidad específica de educación especial a otra de apoyo a la integración. También se producirá un cambio similar en el colegio San Isidro Labrador. En total, estos cambios afectarán a centros de 58 de los 97 municipios que tiene la provincia.

Unos cambios que no han sentado bien entre la comunidad educativa. Ese es el caso de la Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de la provincia. Así, su presidente, Sebastián Vallecillo, reconoce que la principal novedad que tendrá el próximo curso académico que comenzará en cuestión de días es el cierre de líneas: “Esta situación afecta a muchos profesores que todavía están a la espera de la adjudicación de destinos”, manifiesta. Precisamente esa es una de las cuestiones que tratarán en la próxima reunión que tendrán con el delegado de Educación, Antonio Sutil, y técnicos de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones: “Queremos conocer las reformas que se han acometido en los centros educativos durante el verano, o la marcha del plan de refuerzo escolar que se puso en marcha el pasado mes de julio, que entendemos que fue un fracaso, puesto que apenas se apuntaron niños”, explica.

Por su parte, José Cuadrado, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe), recuerda que precisamente ya participaron en una concentración para mostrar su malestar por el cierre de líneas educativas el pasado 26 de junio, organizada por la junta de personal. “No sabíamos en ese momento la dimensión que tomaría, pero una vez que se ha materializado podemos constatar que es alarmante”, afirma. En este sentido, recuerda que desde el pasado 2011 a ahora, en Andalucía se han perdido 1.117 unidades educativas en Infantil. “Es una realidad el descenso de la natalidad, no se puede obviar, y tampoco la crisis económica. Pero sin duda el hecho de que cada vez se cierren más líneas nos alarma y preocupa”, subraya. Y es que considera que se trata de un “atentado” a la oferta pública educativa y una agresión directa a los profesores. Desde Anpe plantean, en defensa de la enseñanza pública y de calidad, entre otras cuestiones, una bajada en las ratios, puesto que las características del alumnado y de la sociedad cambian: “Es un buen momento para atender a la diversidad”. También plantea la reducción del horario lectivo y la ampliación del de apoyo escolar, y sobre todo que se priorice la oferta pública.

También los padres tienen mucho que decir ante esta situación. En este sentido, Pedro Delgado, presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa) Los Olivos, afirmó que siguen alarmados tras años denunciando la pérdida de unidades de la escuela pública. “Es una oportunidad perdida para reducir ratios, atender mejor las dificultades y especificidades de algunos centros y, en definitiva, hacer una escuela compensadora”, indicó. También recriminó el desequilibrio que se produce en ciudades como Andújar, Úbeda, Linares o Jaén donde frente al equilibrio de un 20% de la concertada y un 80 de la pública, en la actualidad la primera alcanza un 50 o 55% del “pastel” frente al 45 o 50% de la pública. En este sentido, recordó que son los centros públicos los que sufren los efectos de la bajada de la natalidad en los últimos años. Y en este sentido el presidente de Fampa Los Olivos recordó que la bajada en la natalidad sigue afectando muy fuerte a Infantil en los últimos años, pero recordó que en breve lo hará también a Secundaria: “Y hay que ser conscientes de que esta situación provocará el cierre de nuevos centros educativos”.

Delgado destaca también la parte positiva de los cambios previstos por educación para el próximo curso, que supone el refuerzo de las necesidades educativas especiales con la creación de algunas aulas y la contratación de personas apropiadas para su atención.