La Policía vigila si FCC cumple con el contrato de recogida de la basura

Las facturas, en suspenso, hasta que se compruebe que respeta el acuerdo

22 jun 2018 / 08:14 H.

Seis meses después de que entrara en vigor el nuevo contrato de la recogida de basura y la limpieza, adjudicado a FCC por 13,2 millones de euros por ejercicio y un periodo de 12 años, prorrogable a 20, el Ayuntamiento no las tiene todas consigo y cree preciso analizar, con detalle, si la concesionaria, vieja conocida de la “casa”, ya que asume el servicio desde 1985, cumple con la relación contractual establecida. Las quejas de asociaciones de vecinos por la suciedad en las calles, incluida la proliferación de roedores e insectos, no son una raya en el agua y en estos términos también se expresó la plataforma “Jaén Merece Más”, que integra a colectivos de toda índole, además de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Olivares, que, de hecho, llegó a amagar con “acciones contundentes” si los responsables municipales no garantizan que FCC limpia en condiciones la principal zona industrial de la provincia. El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, explica que el Gobierno local ya está manos a la obra, con acciones concretas, de la que dos, son muy expeditivas. En primer lugar, la Policía Local tiene instrucciones de vigilar si se registra alguna disfunción en cuanto a la recogida de residuos y limpieza viaria que se pueda atribuir a la empresa.

Y es que, como apunta Bonilla, igual que se controla que los vecinos cumplan atienden a la urbanidad cuando depositan la basura, se mira con lupa si, por ejemplo, los contenedores de vacían conforme es debido y otras cuestiones de este tipo. Este control, es abierto, aclara Bonilla, es decir, que no se circunscribe a estos primeros seis meses, para, de esta forma, garantizar que se gasta bien el dinero público. Además de la vigilancia pura y dura, ya están en marcha otros pasos necesarios para sancionar económicamente a la contratista, si se demuestra que no atiende sus obligaciones como es debido. Por ello, como precisa Bonilla, su departamento ordenó que, por el momento, se paralice el visado de las facturas que presenta la multinacional, esto es, que no se conformen estos pagos. De esta forma, si se corrobora que la compañía no atendió el pliego de condiciones suscrito con el Ayuntamiento será más fácil aplicarle las sanciones económicas correspondientes, al descontarle directamente el dinero de las mensualidades. Además, hay un informe jurídico en marcha. También se está a la espera de contar con un informe en el que se verificará si ya están incorporados todos los bienes para la prestación del servicio pactados, como los nuevos vehículos y contenedores, y las inversiones anunciadas.

Oficina de control. El documento que determinará si, con la ley en la mano, FCC no se aviene a lo dispuesto para la adjudicación del contrato tendrá que firmarlo la nueva jefa de la Oficina de Control de Contratas, que es la evolución, según el concejal de Hacienda, para mejor, de la originaria oficina creada para fiscalizar la labor de las concesionarias, Se trata de una técnica de la Administración General, jefa de este negociado, que será la que tendrá que estudiar, conforme al pliego, si hay que sancionar a FCC y en que términos. No en vano, este departamento de la Administración local tendrá la capacidad de prestar asesoramiento jurídico al equipo de Gobierno.

La Oficina de Control de Contratas, que nace en cumplimiento de un acuerdo plenario que colea desde 2013 y tendrá que tener el visto bueno de la Comisión de Hacienda, estará al tanto del día a día de FCC, Aqualia y la unión temporal de empresas encargada de la iluminación y las fuentes, aunque no tendrá capacidad para revisar el funcionamiento de Autobuses Castillo, cuya labor, como prestadora de un servicio municipal clave, sigue en manos del Negociado de Transportes. El nuevo área, además de una jefa, tendrá dos administrativos, un coordinador de área económica, un economista, nueva y, por el momento, tres técnicos adscritos. Este equipo controlará todos los contratos menores, puede asumir las funciones de central de compras para el Ayuntamiento y hará especial hincapié en revisar los pagos y cobros, además de velar por el respeto de las cláusulas sociales en las contrataciones y articular mecanismos para evitar situaciones de fraude.