La Intervención desconfía de la viabilidad del plan de ajuste

Dudas sobre los ingresos previstos y la reducción de costes de funcionamiento

19 sep 2018 / 11:35 H.

Dirigido al Área de Hacienda y Contratación, la Intervención elaboró un informe sobre la solicitud del Gobierno municipal a la Administración General del Estado de 12 millones de euros. Esta partida, que se demanda al amparo de los Fondos de Ordenación, tiene por objetivo el pago de sentencias judiciales. Los recelos de la intervención, al conocer esta nueva estrategia municipal están motivados por la escasa justificación de algunas de las medidas previstas por los responsables municipales para justificar que es posible afrontar el préstamo. En el documento, al que tuvo acceso este periódico, se deja claro que el aumento de los ingresos previsto, derivado del refuerzo de la eficacia de la gestión y la recaudación voluntaria y ejecutiva, que redunda en un incremento de los ingresos de 500.000 euros, no cuenta con valoraciones técnicas y jurídicas que lo sustenten. De igual modo, la reducción de gastos anunciada, como consecuencia de la reducción de costes de funcionamiento de la Corporación, en torno a 1,1 millones de euros, a cuenta de la creación de la Oficina de Control de Contratos, tampoco tiene mucha base, en opinión del interventor. Tampoco da mucha seguridad la estimación sobre el ahorro financiero.

El informe sobre la última revisión del plan de ajuste, aprobada el pasado 12 de septiembre, está en la misma línea de los emitidos en el resto de ocasiones en las que el equipo de Gobierno sacó adelante esta fórmula de control del gasto. Por ello, el último de los documentos que recoge los reparos de la Intervención conecta con los emitidos el 29 de marzo de 2012; el 10 de abril y el 26 de septiembre de 2013; el 10 de junio de 2014; el 26 de marzo de 2015; el 19 de abril de 201 y el 30 de noviembre de ese mismo año y el 26 de julio de 2017; tantos como veces se debatió el plan de ajuste y sus revisiones por el pleno de la Corporación Municipal. La Intervención llama la atención sobre el dictamen de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, recibido el 30 de julio de 2018, que recordaba la necesidad de reducir los créditos previstos para el día a día de la “casa” en un 5% y que es preciso un acuerdo plenario de no disponibilidad de fondos, que cubra la mayor parte de la desviación que se producirá entre las previsiones de ingresos para este ejercicio y la desviación en los dos últimos años. El desfase está calculado en torno a unos 81 millones de euros y la Intervención recuerda que los ajustes necesarios aún se esperan. La medida que logró sacar adelante el Gobierno local, no sin rechazo de la oposición, tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En años anteriores, al frente de esta cartera había un “amigo” de la Administración jiennense, como así consideraba el PP, que está en la Alcaldía, al titular de la cartera, el ministro Cristóbal Montoro. No hay que olvidar que su secretario de Estado de Hacienda era, además, el exalcalde, José Enrique Fernández de Moya. La duda es saber qué ocurre con el PSOE en La Moncloa. El equipo de Gobierno, por lo pronto, quiere reunirse con la ministra María Jesús Montero y negociar una quita de deuda. Una idea que impulsaron los socialistas de Jaén.