La IGP pretende rescatar más valor añadido en los mercados

El factor determinante de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” que acaba de aprobar la UE es el de inducir a los consumidores a que paguen más precio por la calidad de los aceites que certifique con su etiqueta distintiva, sea en el mercado nacional o en el internacional. Así lo entiende Manuel Parras Rosa, presidente de la Fundación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén y catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén. Casi diez años ha tardado la iniciativa en aprobarse, la mitad de los cuales estuvo paralizada por procesos judiciales y administrativos desde que la fundación la impulsara.

“No es el final de Nada y sí el comienzo de un arduo trabajo, aunque se ha dado el paso decisivo”, dijo ayer Manuel Parras en una rueda de prensa acompañado por miembros de la fundación, tras conocerse el pasado viernes la aprobación de la administración comunitaria. La intención es que “Aceite de Jaén” pueda certificar ya en la próxima campaña oleícola, pero queda mucho trabajo por delante.

El primero llegará a finales de enero o principios de febrero de 2020, cuando el Diario oficial de la Comisión Europea publique el llamado Documento Único que regule la IGP jiennense, primera en Jaén y en España sobre el aceite de oliva. Después se abre un periodo de tres meses en el que terceros países de la UE pude presentar impugnaciones. “Es poco probable y no habitual”, precisó Parras Rosa, por eso pidió “prudencia” y rebajar “la euforia” del momento. “Ha sido un proceso largo, con muchas dificultades y, a veces, hasta tortuoso”, dijo en referencia a su paralización. Hay que recordar, en este sentido, las demandas de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla y de la Asociación Empresarial Agronómica para la Mejora del Aceite de Oliva Sierra de Cazorla.

El segundo paso, en paralelo, es conformar el Consejo Regulador de la IGP. Aquí el papel de la Junta de Andalucía es fundamental porque tiene que aprobar del reglamento de funcionamiento: “Según me consta por la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria (Cristina de Toro) es un asunto que saldrá en breve”. La fundación debe pedir también la Tutela Nacional Transitoria, una autorización necesaria que otorga el Ministerio de Agricultura para funcionar hasta que la UE eleve a definitiva la IGP.

¿Cómo certificar los aceites? La IGP pretende pedir a la Fundación que forman las tres Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia, que son Segura, Mágina y Cazorla, integrase en ella para constituirse en entidad certificadora. “Si no nos da tiempo, buscaremos una certificadora transitoriamente”, dijo. Y añadió que quieren colaborar con ellas, incluso compartir recursos. “La IPG no solapa a las denominaciones”, dijo con rotundidad.

Los aceites certificados por la IGP deberán cumplir determinadas condiciones. Una de ellas es concluyente. No se certificarán los aceites procedentes de aceitunas que no hayan llegado a las almazaras a 31 de diciembre del año de cosecha. “Hubo un viaje clave a Bruselas en octubre de 2018. Allí vimos que les preocupaba la cantidad, que pensaban que íbamos a inundar el mercado. No es así. Pretendemos que el productor vea que recogiendo temprano se gana calidad. Hemos visto que hay poca calidad en el campo, mirando estadística, después del 31 de diciembre”, explicó.

Para Parras, la IGP es un logro colectivo. Agradeció a la fundación su trabajo; a su primer presidente, Juan Balbín, el impulso; al anterior Gobierno de la Junta y al actual; a la Diputación por su apoyo y esfuerzo económico; a la Universidad; a políticos y al “imprescindible” trabajo de los técnicos y asesores externos.