“Estaba muy presionado por gentuza”
Familiares del presunto autor apuntaron, desde el principio, que había más implicados en los hechos
Un día después de los hechos, un hermano de Raúl García Rubio, el presunto autor de la violación y la muerte de Ángela Jiménez, contactó con la Redacción de Diario JAÉN. El familiar fue muy claro al señalar que tenía el convencimiento de que había más implicados en los hechos: “Hay un asesino suelto. Él solo se quedó para limpiar”, declaró, entonces. La entrevista, publicada por este periódico el 14 de julio, levantó una enorme polvareda. De hecho, la Comisaría llegó a convocar una rueda de prensa para desmentirlo y dar por seguro que la autoría del crimen fue de una sola persona.
En aquella conversación, el hermano de Raúl García Rubio relató que su familia estaba sufriendo mucho por lo que había ocurrido y por lo que se estaba diciendo: “Tenía una minusvalía del 45%. Te digo que no es capaz de forzar una puerta porque no sabe. Es falso que fuera a robar. No lo necesitaba, porque ese día había cobrado la paga y, cuando le ha hecho falta dinero, mi madre se lo ha dado”, explicó.
El familiar pidió a la Policía que no dejara de investigar. “Es incapaz de matar a nadie. Estaba muy presionado por gentuza. Es verdad que tuvo una época difícil, pero hacía cosas porque lo obligaban. Antes, te digo que podría robar. Ahora, te aseguro que no”, relató el hermano en aquella entrevista. De este modo, trataba de justificar que había más implicados en los hechos: “En mi casa le hemos dado educación suficiente para que no matara. Por eso, queremos que la Policía investigue todo, porque hay un asesino suelto. Es cierto que él se cayó desde la ventana, pero fue porque estaría con alguien y se aprovechó de él. Seguro que le dijo que se quedara a limpiar mientras que el otro huyó”, agregó entonces.
La Policía siguió investigando. De hecho, las fuentes consultadas explican que el caso nunca se dio por cerrado. El Juzgado de Instrucción número 1 lo archivó provisionalmente y, ahora, casi un lustro después de aquel terrible suceso, ha reabierto la causa.
en diciembre. A finales de 2015, a O. S. R. le abrieron diligencias por, presuntamente, extorsionar a una menor con hacer públicas fotos íntimas si no accedía a mantener relaciones sexuales. La adolescente, incluso, intentó suicidarse. Cuatro agentes la salvaron. A raíz de este caso, le tomaron muestras de saliva y, al compararlas con las existentes en las bases de datos policiales, saltó la coincidencia del ADN hallado en las braguitas del caso Ángela.
Sospechas. Cuando investigaron el crimen, los agentes interrogaron como testigo a O. S. R. porque había vivido en el piso —junto a más personas— donde asesinaron a Ángela. El ahora detenido dijo entonces que no conocía a la víctima, ni tampoco a su presunto asesino, Raúl García Rubio. Sin embargo, los agentes acreditaron después que sí conocía a ambos. Fue una contradicción en la que el juez hizo ayer mucho hincapié.
investigación. Cuando se descubrieron las contradicciones en las que incurrió O. S. R., la Policía pidió al juez permiso para intervenir sus conversaciones telefónicas. Durante una temporada, el hombre tuvo su móvil “pinchado”. Algunas fuentes apuntan a que, en una de esas grabaciones, llega a admitir que tiene amistad con Ángela, la joven asesinada. Sin embargo, los agentes no encontraron pruebas suficientes para detenerlo entonces.
El cabo suelto. En su día, llamó mucho de atención el hecho de que Raúl García pudiera entrar al piso de Ángela sin forzar la puerta. La Policía dijo que pudo hacerlo introduciendo su mano por una ventana contigua para alcanzar la llave, que estaba en la cerradura puesta por dentro. Sin embargo, también se barajó la posibilidad de que alguien —un inquilino anterior de la vivienda— le pudiera haber facilitado otra llave.
En guadalajara. O. S. R. rechazó ante el juez tener cualquier implicación en los hechos que se le imputan. De hecho, relató al juez que en la época en la que se produjo el crimen se encontraba trabajando en Guadalajara. Esa fue su coartada. Su defensa trata de acreditarlo con la declaración de varios testigos y con las nóminas de la empresa que lo tenía contratado aquel mes de julio de 2011 en la ciudad castellano-manchega.