Enésima muerte del lagarto

El sistema tranviario de Jaén, que nunca funcionó, solo en pruebas, vuelve a estar parado en los despachos. La declaración de interés metropolitano de este medio de transporte, tras la implicación directa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para desbloquear su funcionamiento, abrió la puerta a que la Administración regional asumiera un 75% de los costes de su explotación, es decir déficit tarifario, con el compromiso de asumir la titularidad, la gestión y el mantenimiento. La Administración local se libraba de esta carga, excepto, como defiende el Gobierno regional, la obligación de asumir el pago del material móvil, los trenes, como así se recogía en el acuerdo originario entre las dos administraciones, suscrito en diciembre de 2008. Pero, para que la nueva fórmula eche a andar, el Gobierno local tiene que firmar un nuevo convenio y, en este punto, el “lagarto mecánico” muere otra vez.

La Consejería de Fomento defiende que una cosa es la creación del sistema en sí, lo que implica la construcción de las cocheras y las vías, para lo que afrontó íntegramente la inversión real de más de 100 millones de euros, y otra la adquisición de los trenes que, merced al convenio de hace una década, ratificado en 2010, tiene que asumir la Administración local. El Gobierno regional recuerda, para defender la vigencia del pacto, que se vio obligada a hacer frente al pago de los equipos por la incapacidad municipal, lo que conlleva para esta el compromiso de devolver esta suma, que ronda los 12 millones de los que, por el momento, solo están satisfechos 2, como argumenta Sevilla. No se habla del mantenimiento posterior sino de obligaciones previas.

Pero la postura del equipo que dirige el alcalde Javier Márquez es que, con el nuevo escenario de reparto del gasto, también se reinterpreta el modo de abonar esta deuda, arrastrada por la ciudad desde hace una década, y se olvida lo firmado en 2008. El concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, cree, por lo tanto, que el pago de los vagones es responsabilidad de la empresa mercantil que resulte adjudicataria de la explotación. “No tiene sentido alguno que sean los jiennenses los que se queden sin vagones y patrimonio, pero sí con las deudas, y que tengamos que pagarle a la empresa que explotará el tranvía para su beneficio”, sostiene, al entender que, al devolver la titularidad de los bienes a la Administración regional, se libra de las obligaciones anteriores. La Junta es tajante y deja claro que ningún operador va a asumir “altruistamente” este coste, cuando el objeto por el que la Administración le remunerará es por la óptima prestación del servicio. En todo caso, dejan claro, se “engordaría” de tal manera las obligaciones contractuales y se rebajaría el beneficio industrial que el negocio no sería atractivo. Además, se retrotraen al acuerdo plenario que da vía libre al nuevo escenario, del pasado 28 de mayo, que no cuestiona este compromiso.