“El virus no es la causa del atasco de la Justicia”

El decano del Colegio de Procuradores analiza el trabajo de los colegiados durante la crisis y el regreso paulatino a la actividad plena. Cree que no es adecuado habilitar agosto para poner al día las causas pendientes y señala que esta situación ha puesto de manifiesto las carencias de la Administración de Justicia. Por ejemplo, echa en falta más inversión que apoye su adaptación definitiva a las nuevas tecnologías.

—-¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el Colegio de Procuradores durante esta primera etapa de estado de alarma?

—Dentro de nuestro ámbito, y motivado por las competencias que los Colegios de Procuradores tenemos asumidas en materia de gestión de notificaciones a través del sistema Lexnet, se ha llevado un trabajo de seguimiento y control tanto de los escritos presentados como de las notificaciones recibidas, toda vez que al principio de la declaración del estado de alarma el Consejo General del Poder Judicial solicitó a los Procuradores que sólo presentáramos escritos correspondientes a los servicios esenciales estipulados debido a la ausencia prácticamente total de funcionarios en los órgano judiciales. Esta medida fue cumplida a rajatabla por los procuradores pertenecientes al Colegio de Procuradores de Jaén, a los cuales he de felicitar por su compromiso y por la contribución que han demostrado una vez más para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta labor se ha coordinado con el presidente de la Audiencia Provincial, el secretario coordinador Provincial, el juez decano y el decano del Colegio de Abogados de Jaén, cada uno dentro de las responsabilidades que tiene atribuidas, así como con el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores.

—Dentro de los trabajos mínimos que se han ejecutado durante esa etapa, ¿a qué se le ha dado prioridad?

—Fundamentalmente, se dio prioridad a las causas con preso, a medidas urgentes en materia de familia, a internamientos no voluntarios, a derechos fundamentales y a procedimientos en materia laboral. Pero lo cierto es que apenas hubo trabajo, ya que los procedimientos correspondientes a los servicios esenciales no llegan ni al 1% del trabajo diario habitual de los despachos de procuradores normalmente. Las circulares del Ministerio de Justicia redujeron el personal que trabajó presencialmente a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ), antiguo secretario judicial, y un funcionario por Partido Judicial, con la excepción de Jaén capital, que tuvo una dotación de personal algo superior.

—¿El método telemático ha bastado, por tanto, para trabajar adecuadamente?

—Los procuradores hemos sido los pioneros en la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia española. Este trabajo de años, desgraciadamente, no se ha visto acompañado de las correspondientes inversiones en equipamientos para que los funcionarios de los Juzgados hubieran podido teletrabajar, lo cual ha ocasionado la parada de la actividad judicial. Con esta crisis se ha podido constatar que hace falta una mayor apuesta presupuestaria de índole tecnológica en materia de Justicia para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido.

—Hace aproximadamente dos semanas se levantaron algunas restricciones para propiciar el regreso paulatino a la actividad. ¿En qué medida se han podido agilizar las diligencias que estaban detenidas?

—Ha sido una medida cosmética y de lavado de cara hacia la opinión pública, pero carente de eficacia, ya que sólo se ha incrementado la dotación de funcionarios a uno por Juzgado y no ha llegado en algunos casos ni al 10% del personal. Sólo ha servido para trasladar las demandas, denuncias, escritos y recursos de los despachos de los procuradores a los Juzgados y Tribunales, pero estos no se pueden tramitar por carencias de personal tras las limitaciones impuestas.

—¿Trabajar en agosto es una opción viable?

—El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas en la Administración de Justicia. Entre otras se incluye declarar la habilidad de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto. Es falaz decir que esta medida contribuirá a la agilización de los procedimientos, más bien los va a ralentizar aún más. El problema de los retrasos en la Administración de Justicia es estructural y no coyuntural. La pandemia ha venido a agravar la situación anterior, pero no es la causa del atasco que tiene la Justicia española. Si un juez celebra un juicio en agosto, es evidente que no lo va a celebrar en julio o en septiembre, puesto que se tiene que tomar sus vacaciones, y, por tanto, se desguarnecen otros períodos de tiempo. Sería más eficiente que todos los operadores jurídicos concentren las vacaciones en el mes de agosto para que en julio y septiembre se pueda sacar adelante la mayor cantidad de trabajo posible. No olvidemos que en los tres próximos meses va a haber un doble turno en los Juzgados que nos hará trabajar a los procuradores tanto por la mañana como por la tarde, lo cual nos dejará poco tiempo para atender convenientemente nuestros despachos e impedirá la conciliación familiar, que tanto fue respetada por el Gobierno de España cuando aprobó el Permiso Retribuido Recuperable. Los procuradores también nos oponemos a otras medidas como la ampliación desorbitada de los plazos para interposición de recursos una vez alzada la suspensión de plazos o la limitación impuesta a la hora de presentar concursos necesarios de acreedores, que van en perjuicio del justiciable y que tienen, por tanto, consecuencias directas en la economía. Incluso algunas de estas medidas podrían chocar con algunos preceptos de la Constitución Española.

—¿Qué medidas se deberían implementar para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales?

—De forma inmediata, la incorporación de forma ágil y escalonada de los funcionarios, siempre y cuando cuenten con las oportunas medidas de seguridad. También es urgente cubrir todas las vacantes y bajas existentes tanto de funcionarios como de jueces, fiscales y LAJs. Hay que establecer equipos de refuerzo no sólo de funcionarios, sino también del resto de operadores jurídicos, para reducir el tiempo de respuesta y la resolución de los procedimientos. En cuanto a reformas procesales, los procuradores reclamamos desde hace muchos años mayores competencias en materia de ejecución de sentencia para agilizar estos procedimientos, unas competencias que, a modo de ejemplo, sí tienen concedidas nuestros compañeros de Francia y Portugal, ya que uno de los problemas crónicos que padece la Justicia española es que, una vez obtenida la resolución judicial, esta o no termina de llevarse a efecto o tarda en llegar demasiado tiempo, lo cual impide que el justiciable pueda resarcir su pretensión rápidamente.

—¿Cuáles son los protocolos que seguirá el Colegio de Procuradores para garantizar la seguridad en materia sanitaria en los Juzgados?

—El Consejo General de Procuradores de España ha establecido un protocolo marco para todos los Colegios de Procuradores en el que, básicamente, se hace mención al uso de EPI y al respeto de distancias de seguridad. También se indica que se dé prioridad al sistema de cita previa para gestiones colegiales, algo que evitará aglomeraciones en los salones de notificaciones de Jaén y de Linares. La Delegación de Justicia también comunicó al Colegio de Procuradores que las sedes judiciales ya disponen de EPI para los colegiados.

—¿Afectará esta crisis al futuro de la profesión?

—Como en todas las crisis económicas, aumentarán los procedimientos mercantiles de la jurisdicción social, y, en esta en concreto, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por contra, disminuirán en otras materias.

—-¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el Colegio de Procuradores durante esta primera etapa de estado de alarma?

—Dentro de nuestro ámbito, y motivado por las competencias que los Colegios de Procuradores tenemos asumidas en materia de gestión de notificaciones a través del sistema Lexnet, se ha llevado un trabajo de seguimiento y control tanto de los escritos presentados como de las notificaciones recibidas, toda vez que al principio de la declaración del estado de alarma el Consejo General del Poder Judicial solicitó a los Procuradores que sólo presentáramos escritos correspondientes a los servicios esenciales estipulados debido a la ausencia prácticamente total de funcionarios en los órgano judiciales. Esta medida fue cumplida a rajatabla por los procuradores pertenecientes al Colegio de Procuradores de Jaén, a los cuales he de felicitar por su compromiso y por la contribución que han demostrado una vez más para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta labor se ha coordinado con el presidente de la Audiencia Provincial, el secretario coordinador Provincial, el juez decano y el decano del Colegio de Abogados de Jaén, cada uno dentro de las responsabilidades que tiene atribuidas, así como con el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores.

—Dentro de los trabajos mínimos que se han ejecutado durante esa etapa, ¿a qué se le ha dado prioridad?

—Fundamentalmente, se dio prioridad a las causas con preso, a medidas urgentes en materia de familia, a internamientos no voluntarios, a derechos fundamentales y a procedimientos en materia laboral. Pero lo cierto es que apenas hubo trabajo, ya que los procedimientos correspondientes a los servicios esenciales no llegan ni al 1% del trabajo diario habitual de los despachos de procuradores normalmente. Las circulares del Ministerio de Justicia redujeron el personal que trabajó presencialmente a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ), antiguo secretario judicial, y un funcionario por Partido Judicial, con la excepción de Jaén capital, que tuvo una dotación de personal algo superior.

—¿El método telemático ha bastado, por tanto, para trabajar adecuadamente?

—Los procuradores hemos sido los pioneros en la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia española. Este trabajo de años, desgraciadamente, no se ha visto acompañado de las correspondientes inversiones en equipamientos para que los funcionarios de los Juzgados hubieran podido teletrabajar, lo cual ha ocasionado la parada de la actividad judicial. Con esta crisis se ha podido constatar que hace falta una mayor apuesta presupuestaria de índole tecnológica en materia de Justicia para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido.

—Hace aproximadamente dos semanas se levantaron algunas restricciones para propiciar el regreso paulatino a la actividad. ¿En qué medida se han podido agilizar las diligencias que estaban detenidas?

—Ha sido una medida cosmética y de lavado de cara hacia la opinión pública, pero carente de eficacia, ya que sólo se ha incrementado la dotación de funcionarios a uno por Juzgado y no ha llegado en algunos casos ni al 10% del personal. Sólo ha servido para trasladar las demandas, denuncias, escritos y recursos de los despachos de los procuradores a los Juzgados y Tribunales, pero estos no se pueden tramitar por carencias de personal tras las limitaciones impuestas.

—¿Trabajar en agosto es una opción viable?

—El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas en la Administración de Justicia. Entre otras se incluye declarar la habilidad de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto. Es falaz decir que esta medida contribuirá a la agilización de los procedimientos, más bien los va a ralentizar aún más. El problema de los retrasos en la Administración de Justicia es estructural y no coyuntural. La pandemia ha venido a agravar la situación anterior, pero no es la causa del atasco que tiene la Justicia española. Si un juez celebra un juicio en agosto, es evidente que no lo va a celebrar en julio o en septiembre, puesto que se tiene que tomar sus vacaciones, y, por tanto, se desguarnecen otros períodos de tiempo. Sería más eficiente que todos los operadores jurídicos concentren las vacaciones en el mes de agosto para que en julio y septiembre se pueda sacar adelante la mayor cantidad de trabajo posible. No olvidemos que en los tres próximos meses va a haber un doble turno en los Juzgados que nos hará trabajar a los procuradores tanto por la mañana como por la tarde, lo cual nos dejará poco tiempo para atender convenientemente nuestros despachos e impedirá la conciliación familiar, que tanto fue respetada por el Gobierno de España cuando aprobó el Permiso Retribuido Recuperable. Los procuradores también nos oponemos a otras medidas como la ampliación desorbitada de los plazos para interposición de recursos una vez alzada la suspensión de plazos o la limitación impuesta a la hora de presentar concursos necesarios de acreedores, que van en perjuicio del justiciable y que tienen, por tanto, consecuencias directas en la economía. Incluso algunas de estas medidas podrían chocar con algunos preceptos de la Constitución Española.

—¿Qué medidas se deberían implementar para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales?

—De forma inmediata, la incorporación de forma ágil y escalonada de los funcionarios, siempre y cuando cuenten con las oportunas medidas de seguridad. También es urgente cubrir todas las vacantes y bajas existentes tanto de funcionarios como de jueces, fiscales y LAJs. Hay que establecer equipos de refuerzo no sólo de funcionarios, sino también del resto de operadores jurídicos, para reducir el tiempo de respuesta y la resolución de los procedimientos. En cuanto a reformas procesales, los procuradores reclamamos desde hace muchos años mayores competencias en materia de ejecución de sentencia para agilizar estos procedimientos, unas competencias que, a modo de ejemplo, sí tienen concedidas nuestros compañeros de Francia y Portugal, ya que uno de los problemas crónicos que padece la Justicia española es que, una vez obtenida la resolución judicial, esta o no termina de llevarse a efecto o tarda en llegar demasiado tiempo, lo cual impide que el justiciable pueda resarcir su pretensión rápidamente.

—¿Cuáles son los protocolos que seguirá el Colegio de Procuradores para garantizar la seguridad en materia sanitaria en los Juzgados?

—El Consejo General de Procuradores de España ha establecido un protocolo marco para todos los Colegios de Procuradores en el que, básicamente, se hace mención al uso de EPI y al respeto de distancias de seguridad. También se indica que se dé prioridad al sistema de cita previa para gestiones colegiales, algo que evitará aglomeraciones en los salones de notificaciones de Jaén y de Linares. La Delegación de Justicia también comunicó al Colegio de Procuradores que las sedes judiciales ya disponen de EPI para los colegiados.

—¿Afectará esta crisis al futuro de la profesión?

—Como en todas las crisis económicas, aumentarán los procedimientos mercantiles de la jurisdicción social, y, en esta en concreto, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por contra, disminuirán en otras materias.