El Gobierno rechaza la petición de indulto del exalcalde de Huesa

El Consejo de Ministros rechaza la petición de indulto solicitada por Javier Gómez Sevilla, el que fuera alcalde socialista de Huesa entre 2007 y 2011. De este modo, el antiguo regidor municipal, ya retirado de toda actividad política, tendrá que ingresar en prisión para cumplir una condena de tres años y dos meses de cárcel por un delito de falsedad documental. La Audiencia Provincial, que ejecuta la sentencia, le comunicó ayer mismo que tiene que presentarse en el centro penitenciario de Jaén antes del próximo día 27 de noviembre. De nada han servido las alegaciones esgrimidas por su defensa, ni las muestras de cariño mostradas por sus paisanos, que han salido a la calle en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses para reclamar la medida de gracia. No hay perdón para Gómez Sevilla: “Estoy muy mal”, asegura pocas horas después de conocer la situación. “Ya estoy asumiendo que voy a tener que entrar en la cárcel”, añade.

De este modo, se convertirá en el primer alcalde o exalcalde de la provincia que ingrese en prisión en lo que va de siglo por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. El último fue Alfonso Martínez de la Hoz, que estuvo al frente del Ayuntamiento de Mancha Real, y que fue condenado a casi cinco años de cárcel por los incidentes de mayo de 1991, en que fueron destrozadas varias viviendas de familias gitanas.

El delito de Javier Gómez Sevilla es mucho más leve: falsedad en documento oficial. En román paladino, emitió órdenes de pago falsas para justificar la terminación de unas obras en su pueblo, que no llegaron a ejecutarse. Según los hechos probados, el entonces alcalde de Huesa solicitó dos subvenciones para llevar a cabo la remodelación de un paraje conocido como “Fuente del Popi”. Se trataba de ayudas públicas finalistas, es decir, solo se podían gastar en ese proyecto. Sin embargo, el regidor municipal destinó los 47.000 euros concedidos por la Diputación y por el Gobierno a pagar nóminas municipales por trabajos en otras obras del municipio. El arquitecto municipal, siguiendo las órdenes del alcalde, emitió el certificado final de las obras, con el objeto de justificar el destino para el que habían sido concedidas y evitar, de este modo, tener que devolver el dinero.

Fue un antiguo empleado municipal, cuyo puesto de trabajo fue “amortizado” por Gómez Sevilla, el que presentó la denuncia por estos hechos. En noviembre de 2015, el exregidor municipal se sentó en el banquillo de la Audiencia, junto al aparejador. El antiguo alcalde defendió que el dinero fue utilizado para los fines previstos, es decir, generar jornales. No obstante, los magistrados lo consideraron inductor de un delito de certificación falsa y le impusieron una condena de seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Entonces, fue absuelto de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

Sin embargo, la Fiscalía decidió recurrir esa primera sentencia ante el Supremo y el Alto Tribunal le dio la razón. La Justicia consideró que Gómez Sevilla falseó un documento oficial y lo castigó con tres años y dos meses de cárcel. Y eso que la propia resolución judicial reconoce que no se produjo desviación de caudales públicos, ni en provecho particular del acusado ni en beneficio de tercero, al no constar que se realizaran jornales ficticios. “Es un castigo totalmente desproporcionado”, dijo, entonces, el exalcalde.

Tras conocerse esa segunda sentencia, en junio de 2016, la Audiencia de Jaén comenzó los trámites para ejecutarla. Dio diez días a Gómez Sevilla para que ingresara en prisión. Sin embargo, su defensa logró paralizarlo. ¿Cómo? Su abogado había presentado ante el Estado la solicitud de indulto parcial y pidió a la sala la suspensión de la condena hasta que el Consejo de Ministros se pronunciara sobre la medida de gracia. Mientras tanto, casi mil vecinos de su pueblo salieron a la calle para reclamar el perdón. Finalmente, la Audiencia Provincial accedió a esa petición y detuvo la entrada en la cárcel.

Todas las esperanzas estaban puestas en la concesión del indulto, que contaba con todos los pronunciamientos favorables. Sin embargo, la solicitud no prosperó y el Gobierno la rechazó en su reunión del pasado 20 de octubre. Comunicó la decisión al Tribunal Supremo que, a su vez, la trasladó a la Audiencia Provincial. La Sección Tercera contactó ayer con Gómez Sevilla para notificarle que debe ingresar en la cárcel antes del próximo 27 de noviembre. Un jarro de agua fría para el exalcalde de Huesa, como él mismo reconoce en declaraciones a Diario JAÉN. “Tengo la conciencia tranquila, porque sé que no he hecho nada para merecer un castigo tan severo como el que me impuso el Supremo”.