El Gobierno de Pedro Sánchez se queda sin presupuestos

El Pleno del Congreso devuelve al Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 al prosperar las enmiendas de totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias y los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) y el PDeCAT. Es la segunda vez desde la Constitución de 1978 que un proyecto de Presupuestos Generales es rechazado por el Congreso. En la anterior ocasión, en octubre de 1995, el Gobierno que entonces presidía el socialista Felipe González, anunció el fin de la legislatura y convocó elecciones generales seis meses después. En la votación, la devolución de los Presupuestos al Gobierno fue apoyada por PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro y dos diputadas del grupo de Unidos Podemos: la gallega Alexandra Fernández, enfrentada con el resto de compañeros de En Marea; y la catalana Marta Sibina, de En Comú, que protesta por el bloqueo de los barcos de ayuda humanitaria en el Mediterráneo.

Todos juntos sumaron 191 votos, mientras que el PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís sólo han reunido 159 diputados en contra de derribar los Presupuestos. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, socio electoral del PSOE, se abstuvo. Tras esta decisión de sus señorías, la ampliación del permiso de paternidad de las cinco semanas actuales para pasar a ser de ocho semanas en 2019 se queda varada. El Gobierno contemplaba en el proyecto de ley gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad. El Ejecutivo no incluyó esta medida en el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con lo cual, decae al haberse tumbado los presupuestos, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. Según datos del Ministerio, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%). Al rechazarse el proyecto de presupuestos en el Congreso, también decaen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales —que el Gobierno del PP eliminó—, una medida que estaba dotada con una partida de 315 millones de euros y que pretendía beneficiar a 180.000 personas.

En cualquier caso, el rechazo del Congreso al proyecto de ley no implica que tanto la extensión del permiso de paternidad como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales no puedan llevarse a cabo a través de otras vías. En el proyecto de ley de presupuestos también se destinaban 220 millones de euros para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado por el Parlamento en 2017. También para financiar la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en Nuevas plazas para la Administración de Justicia, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

El texto también establecía el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en pobreza severa hasta los 588 euros, para sacar de dicha situación a cerca de 82.000 menores. Por otro lado, se incrementaba la partida destinada a Protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales, desde los 100 a los 125 millones de euros, con un incremento de 25 millones.

Por otro lado, en el proyecto de ley el Gobierno introdujo una nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades vinculada a la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, aunque no ofrecía más detalles acerca de cómo se desarrollará esta nueva deducción. Además, se incorporaba una dotación de 412 millones de euros para acciones en favor de los inmigrantes, lo que suponía un incremento de 94 millones respecto a 2018. La eliminación del copago farmacéutico a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, implantado por el Gobierno de Mariano Rajoy, también se frena.