El Defensor media en el conflicto de las “subcontratas” de la Junta

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu y tiene como una de sus adjuntas a la exalcaldesa de Peal de Becerro, Juana Pérez Oller, analiza la externalización de servicios por parte de la Junta de Andalucía. Esta forma de proceder del Gobierno andaluz, que, básicamente, consiste en encargar a empresas privadas que se hagan cargo de prestaciones públicas, desde atender a los que solicitan una cita con el médico a ciertos ámbitos de la educación. Tratar de derribar este modelo que, como dicen sus detractores, implica la subcontratación de trabajos públicos es, desde hace tiempo, una de las prioridades de organizaciones sindicales y colectivos de profesionales y ciudadanos, agrupados en torno a las llamadas plataformas y mareas que, en Jaén y en el resto de Andalucía, lo denuncian insistentemente, con mayor o menor fortuna.

El organismo, en una queja de oficio, abierta, como explican, tras las muchísimas reclamaciones recibidas, plantea que este mecanismo de la Administración andaluza necesita “racionalización”. El Defensor del Pueblo Andaluz parte de la premisa de que se trata de una “cuestión compleja y muy debatida” y reconoce que puede afectar a la prestación de los servicios públicos, de ahí, como se recuerda, que la Cámara de Cuentas de Andalucía y hasta el Parlamento regional hayan tomado también cartas en el asunto.

De la Cámara autonómica, argumenta, salieron proposiciones para la eliminación de las líneas telefónicas 901 y 902 para Salud Responde, cuya sede central está en Jaén, y que instaban a que el personal que atiende las salas operativas de los servicios de emergencias 061 y 112 estén en nómina de la Administración andaluza y no dependan de las empresas privadas, tras salir a concurso público esta actividad. A estas propuestas se refiere expresamente el Defensor del Pueblo, como también a las de los monitores escolares de Educación Especial. Maeztu recuerda que la Administración no dispone de plena libertad para recurrir a la externalización “cuando trae causa de insuficiencias internas de personal”. “Esa forma de proceder traería consecuencias inmediatas en el empleo público, en la medida que afecta a los efectivos como a las funciones que desempeñan y a los derechos, como promoción, traslado, formación, de los empleados públicos”. Por ello, solicita a la Junta que, para dar sentido y garantías a esta práctica, y cumplir con los mandatos y recomendaciones formuladas para la correcta ejecución de los servicios externos contratados, aborde una regulación sobre este modo de trabajar, tras un estudio previo. De igual modo, abre la puerta a que algunos de los servicios que están privatizados, llegado el caso, vuelvan a estar en manos del Gobierno andaluz. En esta misma línea, la oficina de Maeztu considera unánime la recomendación de que el recurso a la externalización se utilice, exclusivamente en los casos y circunstancias que razonadamente se estime “imprescindible” y que siempre venga precedida de ese análisis pormenorizado, en busca de criterios de mejora y eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. De estos estudios previos no tiene constancia la institución, como dejan claro en su informe, que también hace hincapié en la necesidad de determinar la modalidad contractual y el perfil del proveedor externo, así como el diseño de la externalización y el establecimiento de las condiciones para la contratación, tras constatar que no existe especialización cuando se pone en marcha un proceso de estas características, lo que, consideran, “pone en duda los fundamentos de eficiencia y eficacia de la gestión” y da pie a que el sector privado se atribuya, en ocasiones, prerrogativas que corresponden a los poderes públicos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, aunque haga estas recomendaciones a la Administración autonómica, eso sí, deja claro: “No nos incumbe cómo se personifique la Administración o bajo qué marco jurídico actúe siempre que el sector público, en su funcionamiento, garantice la protección de los derechos constitucionales y estatutarios de la ciudadanía y su sujeción a los principios constitucionales que debe observar en su actuación”. Este periódico trató, sin éxito, de conocer la postura de la Junta sobre este informe a través de la Oficina del Portavoz del Gobierno Andaluz y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta.