El Ayuntamiento da los pasos para demoler una casa ilegal

En los cajones de la Gerencia de Urbanismo, los expedientes de derribo de viviendas ilegales —sobre todo, en el paraje de Los Puentes— se acumulan desde hace años. Remiten a una época de desmanes urbanísticos y de laxitud administrativa que la confluencia de factores, como la gran recesión que ha golpeado al país, la especial vigilancia y persecución de delitos contra la ordenación del territorio y sentencias condenatorias han contenido. De aquellos polvos viene el contrato menor que el Ayuntamiento acaba de adjudicar a un arquitecto técnico para que redacte el proyecto y la dirección de obra necesarios para demoler una vivienda unifamiliar en la carretera del Puente de la Sierra y del Jontoya, de acuerdo con una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2. La adjudicación, cifrada en 1.426 euros, con IVA, incluye también la elaboración del estudio básico de seguridad y salud y el control de la obra para garantizar que se respetan estas garantías durante los trabajos.

En una zona en la que las edificaciones “al margen de la legalidad” se contabilizaban por millares en los albores de esta década, hasta 2014, la Administración local había ejecutado dos derribos a instancias de la Justicia, aunque, según informó entonces el actual alcalde, Javier Márquez, en otros tres casos fueron los propietarios los que, voluntariamente, los llevaron a cabo.

Las sentencias por delitos contra la ordenación del territorio no han dejado de sucederse. Pero, en la actualidad, chocan con la propia legislación autonómica y, por ende, con el PGOU, que, de acuerdo con aquella, contempla la regularización (cuando no legalización) de las edificaciones en aquellos casos en los que no existan órdenes judiciales de derribo y los inmuebles no se encuentren en dominio público hidráulico.

Precisamente, en el marco del Decreto 2/2012 de la Junta, a finales de 2013 el Ayuntamiento puso en marcha un proceso de regularización de inmuebles y de asentamientos en suelo no urbanizable que sirvió para que aflorara patrimonio que llevaba lustros al margen de la Ley. Muchos propietarios creyeron que ahí estaba la solución a la “alegalidad” de sus inmuebles. Pero no han dejado de toparse con problemas, como expone el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes, Alberto Castro. “Estamos en un limbo. Sin nada”, critica, añadiendo: “Ni el alcalde, ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) quieren saber nada”.

El mapa de riesgos dejó al descubierto decenas de edificaciones en el cauce de los ríos sin posibilidad alguna de regularización. Pero tampoco para aquellas que no dispongan de agua potable, solución a los vertidos y “hasta Endesa está amenazando con cortar la luz si no se presenta cédula de habitabilidad o el Ayuntamiento hace algo”, indica Castro. La unidad se reunirá mañana para analizar el callejón sin salida en el que se encuentran estas edificaciones.