Autobuses Castillo se enfrenta a un expediente sancionador

Algo más de un mes hace que la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes solicitó por escrito a Castillo “la reposición inmediata de los dos microbuses”, vendidos sin conocimiento municipal. Con estos vehículos, se atiende a la Línea 11, que conecta la zona sur con el resto de la ciudad y es la única que atraviesa la Plaza de Santa María. Al prescindir de estos, se altera el recorrido habitual. Mediante una resolución de febrero de 2014, el Ayuntamiento, con su potestad de determinar el tipo de vehículos que anualmente debe adquirir la empresa para la prestación del servicio, trasladó la necesidad de adscribir a determinadas líneas que por la orografía y características aconsejasen el uso de microbuses. A la solicitud del Gobierno local, la adjudicataria respondió que no tenía intención alguna de volver a comprar los microbuses, al entender que los nuevos coches incorporados a la flota se ajustan perfectamente a lo requerido por la Administración local. La Concejalía, en paralelo, había encargado un informe jurídico para determinar las responsabilidades de esta sociedad y, como explicó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, este trabajo se concreta con la puesta en marcha de un expediente sancionador contra la empresa.

El procedimiento está ya en marcha en la Oficina de Control de Contratas del Ayuntamiento. Este equipo municipal es el mismo que puso en marcha medidas para imponer penalidades a FCC, responsable de la recogida de basura y la limpieza viaria, por no atender las obligaciones contractuales contraídas, lo que le puede suponer una multa que supera los trescientos mil euros. Igualmente, este personal del Ayuntamiento ya tramitó una sanción contra la responsable de las obras del Mercado de San Francisco, por los retrasos, y está detrás de la investigación para determinar si el trabajo de la concesionaria del mantenimiento de fuentes, semáforos e iluminación es el correcto. Igualmente, mediante recargos, trata de recuperar los cánones impagados a la ciudad por los responsables del centro deportivo construido en los terrenos del antiguo campo de fútbol de La Victoria, en la calle Virgen de la Cabeza.

No hace ni dos años que el Ayuntamiento ordenó a Castillo la retirada de los tornos de los autobuses urbanos. La concesionaria mantenía estos elementos en sus vehículos, a pesar de que incumplían la normativa. A principios de este año, la Administración local puso el grito en el cielo al tener conocimiento de que uno de los conductores iba al volante mientras fumaba y hablaba por teléfono. Son dos ejemplos de la relación, en ocasiones “tensa”, de los responsables municipales con esta empresa familiar a la que, desde los 60 del siglo pasado y hasta 2036, la Administración local tiene encomendado transportar a los ciudadanos de un barrio a otro de la capital. Y si el Gobierno local carga, en ocasiones, contra el modo en el que se atiende esta prestación básica, mayores son las críticas desde los grupos de la oposición. En febrero de 2018, los grupos municipales del PSOE y de Jaén en Común (JeC) registran conjuntamente una solicitud de reunión extraordinaria de la Comisión Informativa de Transparencia y Control de Concesionarias dedicada a Castillo. Los socialistas, de hecho, ya se mostraron dispuestos a recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz para que el PP realice la auditoría de las cuentas de Castillo. Al respecto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, dijo que el alcalde, Javier Márquez, tiene sobre la mesa un acuerdo de hace ya dos año y medio en el que se le insta a proceder a la auditoría con la ayuda de la Intervención Municipal, de las cuentas de la concesión. JeC, por su parte, reclamó que se pusiera en marcha un expediente sancionador a Castillo, que aprobó el pleno en noviembre de 2017, por el uso indebido de los tornos en los autobuses. Los responsables municipales determinaron que este procedimiento no tenía sentido al haberse archivado la vía judicial abierta por el empleo de estos elementos prohibidos, a sabiendas, por la empresa.